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El Gobierno de Navarra ha acordado hoy ampliar a 51.365.000 euros el gasto para que la sociedad pública Nasuvinsa, promotora de la ampliación de la Ciudad del Transporte de Imárcoain (actuación que databa de 2008), cumpla este mismo año las sentencias judiciales (corresponden a 17 expediente de expropiación) en las que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los propietarios de los terrenos, frente a los recursos de casación que planteó el Gobierno de Navarra.
El Supremo ha confirmado los autos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2015, que fijaba como justiprecio para el suelo expropiado en la tercera y cuarta fase de la Ciudad del Transporte 53,06 euros/m2, en unos casos, y 57,09 euros/m2, en otros (lo que totaliza 49,2 millones de euros de indemnizaciones adicionales). Además, ha ordenado el abono a los propietarios de un 5% adicional en concepto de intereses, lo que finalmente eleva el sobreprecio que las arcas forales deberán abonar por esta operación urbanística a 51,3 millones adicionales a los 20,2 con los que inicialmente fueron indemnizados los propietarios de estos terrenos, elevando el coste final del terreno preciso para esta ampliación a 71,5 millones.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo, tras serles notificadas las cuatro primeras sentencias del Tribunal Supremo favorables a los intereses de los propietarios, el Gobierno de Navarra ya estableció un mecanismo para hacer frente a las consecuencias económicas de este conflicto judicial que ahora permite ejecutar la sentencia en este mismo ejercicio presupuestario. Se aprobó una Ley Foral, que el Parlamento ratificó en mayo, con una dotación inicial de 25 millones de euros para que Nasuvinsa abonara las primeras compensaciones judicialmente establecidas. El citado crédito fue aprobado con la consideración de ampliable, con el fin de que a lo largo del año, si las sentencias continuaran dando la razón a los propietarios, como finalmente ha ocurrido, pudiera incrementarse hasta afrontar la totalidad de las indemnizaciones.
Los 26.365.000 euros con los que el Gobierno de Navarra ha acordado hoy ampliar la partida para los abonos a los que obligan estas sentencias judiciales se sufragarán a cargo del disponible en el fondo de contingencias del Presupuesto de Gastos de 2017 (9 millones de euros); y el resto se financiará con cargo a la mayor capacidad de endeudamiento negociado para Navarra entre los gobiernos central y foral para 2017 (la Ley Foral de Presupuestos se aprobó con una previsión inicial de déficit del 0,5% del PIB y finalmente ese límite de déficit se amplió al 0,6%, lo que supuso 19,8 millones de margen para mayor endeudamiento, de los que ahora se emplearán 17.365.000 euros para el abono de estas indemnizaciones adicionales).
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