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Laparra hace “balance positivo” del cambio “evidenciado” en el Ejecutivo foral

NAVARRAINFORMACION.ES

El consejero Miguel Laparra ha realizado hoy un balance positivo de los dos años de existencia de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y del cambio de Ejecutivo, “evidenciado”, según ha indicado, en una “mejora generalizada” de los indicadores que dependen de este departamento: 7.000 personas menos en paro, con la tasa de desempleo más baja de todo el Estado (10,1%) ; un 32% más de personas dependientes atendidas; un 120% más de pensionistas con pensiones equiparadas al SMI de 2017, incluidas las viudas; descensos de hasta el 15% en el precio de la vivienda protegida; o un incremento del 25% de los recursos destinados a políticas de infancia y familia.

El vicepresidente ha calificado los avances sociales de “importantes” y ha afirmado que “sin la buena marcha de la economía, sin una reforma fiscal progresista y un cambio de prioridades políticas, estos avances no hubieran sido posibles”.

“Por estas, entre otras cosas, ya se puede decir que ha merecido la pena el cambio político en Navarra”, ha afirmado Laparra, quien ha indicado que la prioridad y el compromiso social del Gobierno se evidenció en la creación de la propia vicepresidencia (agrupando al antiguo departamento de Políticas Sociales, la Dirección de Vivienda y el Servicio Navarro de Empleo) y en la dotación presupuestaria, un 25% más en dos años, el departamento que más ha incrementado porcentualmente sus fondos.

En particular, los recursos destinados a luchar contra la pobreza y a favor de la cohesión social se han duplicado de 78 a 150 millones, según ha reseñado Laparra, quien ha mostrado su agradecimiento “tanto a las cuatro fuerzas políticas que apoyan al Gobierno como a sus compañeros y compañeras de Gobierno”.

El vicepresidente ha destacado que tan importante o más que ampliar los recursos es cambiar de paradigma en las políticas sociales hacia uno nuevo de inversión social; se trata de cambiar también el modelo de gestión primando la atención personalizada, la diversificación de servicios para atender las diferentes necesidades, el desarrollo de la dimensión preventiva y comunitaria y potenciar la participación social como instrumento clave para mejorar la gestión de los recursos públicos”.

Sin embargo, el vicepresidente ha afirmado que “lo que queda por hacer es muy superior a lo ya realizado”. Ha resumido los próximos retos en lograr “más empleo y de mayor calidad, más Estado de Bienestar y mayor cohesión social para una Navarra próspera para todas y todos.

En su balance, el vicepresidente Laparra ha agrupado las actuaciones llevadas a cabo en estos dos años en seis grandes ámbitos de actuación: Empleo; Cohesión Social y lucha contra la pobreza; Dependencia y Discapacidad; Familia y Menores; Vivienda; y relaciones con la sociedad civil.

 

Texto

Clima de confianza en Navarra

Laparra ha subrayado que “no se puede atribuir la buena marcha del empleo únicamente, ni siquiera principalmente, a la acción del Gobierno, pero sí podemos decir que las políticas de este gobierno están contribuyendo a la buena marcha de la economía y del empleo”.

En dos años, Navarra tiene 7.000 personas en desempleo menos, es la Comunidad Autónoma con menor tasa de paro (10,1%), hay 13.735 personas más afiliadas a la Seguridad Social y 18.000 personas ocupadas más según la EPA. También es reseñable que la contratación indefinida en el primer semestre de 2017 ha crecido un 31,5% respecto al mismo semestre de 2015.

Políticas Activas de Empleo

Respecto a las políticas activas de empleo que desarrolla el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Laparra ha destacado que, en un contexto de incremento del presupuesto inicial del 18% en dos años, se ha reforzado la gestión y liderazgo público en la gestión de los fondos, con un incremento de un 44,76% de 2016 a 2017.

También se están reforzando aspectos de orientación, formación e intermediación laboral, así como el apoyo a las empresas, autónomos, a la economía social y a los centros especiales de empleo y empresas de inserción. Estos recursos se han traducido en un aumento “exponencial” de la formación profesional, pasando de 7.321 personas formadas en 2015 a una estimación para este año 2017 de en torno a 14.000.

“Un elemento destacable del cambio de orientación lo situaría en la prioridad de trabajar conjuntamente con los servicios sociales en las políticas de empleo para los colectivos más vulnerables” ha destacado Laparra. “Como dato significativo subrayar que se ha pasado de invertir 12,5 millones en los diferentes programas de empleo protegido, a 24,5 millones en el año 2017, lo que supone que con ayudas públicas del departamento se mantienen y crean en torno a los 4.000 empleos protegidos al año”.

Cohesión social y lucha contra la pobreza

Durante estos dos años, una de las prioridades del Departamento de Derechos Sociales ha sido reforzar la cohesión social de Navarra y luchar contra la pobreza y la exclusión social como efecto más negativo de los recortes sociales y la grave crisis económica vivida estos años. El vicepresidente Laparra ha remarcado que “mientras en el año 2015 se destinaba un presupuesto de 78 millones a cohesión social y lucha contra la pobreza en políticas como la renta de inclusión, el empleo social, el complemento para las viudas o las ayudas para vivienda de alquiler; en el año 2017 se van a destinar a estos mismos aspectos un total de 150 millones”.

“Pero no solo los recursos invertidos son importantes. Lo es más si cabe consolidar estos derechos sociales por ley”. “En este sentido, queremos remarcar especialmente la importancia de la aprobación de la nueva ley foral del derecho a la inclusión social y renta garantizada, la nueva ley foral de vivienda y la ley foral de equiparación de todas las pensiones al SMI”.

Además de la mejora en cohesión social interna, Navarra ha hecho un esfuerzo en su apuesta por la solidaridad internacional, un valor muy importante históricamente en la sociedad navarra. En estos dos años de andadura, además del incremento de la inversión social en un 70%, cabe destacar el refuerzo en los tradicionales lazos de solidaridad con el pueblo saharaui, así como la puesta en marcha de un nuevo y amplio programa de acogida de personas refugiadas en Navarra, en colaboración con el tejido asociativo, que ha llegado hasta el momento a atender a 221 personas. Igualmente, Navarra ha liderado en ocasiones la exigencia de mayor implicación al Estado y Europa en la crisis de los refugiados, y un mayor papel para las CCAA en la política de asilo y refugio.

Dependencia-Discapacidad-Personas Mayores

Otra de las grandes prioridades ha sido reforzar las políticas de atención a la dependencia, la discapacidad y las personas mayores.

Especialmente importante ha sido el incremento en el número de personas en situación de dependencia que reciben algún tipo de servicio o prestación. “En dos años tenemos a 3.129 personas más atendidas, lo que supone un incremento de un 32%”, ha destacado Laparra. Igualmente, como aspectos relevantes podemos citar “la equiparación de las desgravaciones fiscales de las personas dependientes a las personas con discapacidad por las que 6.000 personas más pueden deducirse cuantías muy importantes, la recuperación de varias compatibilidades de prestaciones para la dependencia, o la firma de un nuevo convenio en el sector de la discapacidad con mejoras en la condiciones laborales e importantes inversiones en la calidad de los servicios”.

En cuanto a las personas mayores, sin duda el principal avance ha sido la nueva Ley que garantiza a todo pensionista con pensiones inferiores al SMI de 2017, recibir esa cantidad vía deducciones fiscales. Si antes del cambio de esta medida solo se beneficiaban aproximadamente 10.000 viudas con una inversión de unos 3 millones, con la nueva ley, 22.000 pensionistas, incluidas las viudas, se beneficiarán de este complemento con una inversión estimada de 20 millones de euros cuando esté plenamente desarrollada.

Familia y Menores

En el ámbito de familia y menores, podemos subrayar el incremento de un 25% de los recursos, mejorando todos los programas de atención a la familia y a menores en situación de vulnerabilidad. Del conjunto de actuaciones cabe resaltar la reestructuración y el aumento de plazas residenciales para menores, el aumento de un 20% de la capacidad de atención en los programas de mediación, orientación y punto de encuentro familiar, la ampliación de la intensidad y cobertura de los Equipos de atención a la Infancia y Adolescencia de Estella, Tafalla y Tudela en un 50%, o las nuevas ayudas para acceso a la vivienda de familias monoparentales.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, tres han sido las prioridades: ampliar el parque de vivienda de alquiler social a menor precio, prevenir los desahucios e impulsar la rehabilitación. Con ello se persiguen varios objetivos fundamentales: avanzar hacia el reconocimiento efectivo del derecho de todas las personas a una vivienda digna, a la par que se genera empleo y se avanza en la sostenibilidad ambiental.

Hasta el momento y gracias entre otras cosas a la aprobación de la nueva ley foral de vivienda y otras medidas como el impulso a la bolsa de alquiler de vivienda o la oficina de mediación de vivienda, ya se han incorporado en torno a 350 viviendas más al parque de vivienda en alquiler social, y en el caso del Fondo Foral de vivienda social, se ha pasado de contar con 55 viviendas a 100 viviendas en estos momentos. Además, después de una subida de un 70% entre el año 2000 y 2015, con la nueva ley se han bajado los precios entre un 8 y un 15%. Igualmente, es significativo que tras tres años sin que se iniciase ninguna vivienda nueva para alquiler social, este año está previsto que se inicien al menos 210 viviendas nuevas, teniendo como objetivo ampliar en 1.600 viviendas el parque de alquiler social a través de los diferentes programas de vivienda nueva o puesta en uso de vivienda vacía.

En cuanto a la rehabilitación, tras una fuerte caída en la actividad fruto de la crisis y los recortes en las ayudas públicas, con la nueva ley de vivienda y la mejora de las ayudas especialmente para la gente joven, mayores y personas con escasos recursos, en lo que llevamos de 2017 se ha incrementado la actividad en un 73%.

Finalmente, es fundamental observar la evolución de la expresión más dura de la crisis social y de vivienda: los desahucios y la incapacidad de muchas familias de hacer frente a los gastos habituales de la vivienda. “En este aspecto y pese a que queda muchísimo por hacer”, ha señalado el Vicepresidente, “entendemos que la combinación de políticas como la renta garantizada y las nuevas ayudas de emergencia social (destinadas fundamentalmente a hacer frente a gastos de la vivienda), el trabajo de la oficina de mediación junto a la mejora económica, está incidiendo positivamente en la bajada de las ejecuciones hipotecarias (38,8% en 2016) y los desahucios en Navarra”.

Relación Gobierno-Sociedad civil

Una cuestión relevante a reseñar es el cambio significativo en la relación entre el Gobierno y la sociedad civil organizada. La pasada legislatura se caracterizó, a juicio del consejero, “por el recorte de todo tipo de ayuda pública, escaso diálogo con las entidades sociales, y nulo avance en la planificación compartida con dichas entidades”.

Por el contrario, en estos dos años, además de mejorar los recursos, se han aprobado o están a punto de hacerlo dos leyes muy importantes: la ley foral de mecenazgo social que incrementa las desgravaciones fiscales de las donaciones a todas las entidades sociales mejorando significativamente su capacidad de autofinanciación, y la próxima ley de conciertos sociales que permitirá realizar conciertos de colaboración con entidades sociales que, en muchas ocasiones, aportan experiencia, recursos propios, voluntariado y, lo que es más importante, un conocimiento de las necesidades sociales directo pues muchas de ellas las conforman las propias personas afectadas o sus familias.

Igualmente, resulta significativo destacar los amplios procesos de participación social que estamos llevando a cabo tanto para la aprobación de las leyes más relevantes como en los planes que tenemos en marcha, como son el Plan de Inclusión Social, el de Familia y Menores y el resto de planes que tenemos previsto desarrollar. Finalmente, destacaríamos “cómo la puesta en marcha del Observatorio de la Realidad Social desde el comienzo de la legislatura ha supuesto una mejora sustancial en la capacidad de análisis, investigación, planificación y evaluación de las políticas sociales, facilitando así el debate público”.

Retos para los próximos años

Para los próximos años nos marcamos varios objetivos fundamentales:

1º. En primer lugar, es necesario un fuerte impulso a la inversión en materia de atención a la dependencia, discapacidad y a las políticas de familia, tanto en nuevos centros y servicios, como en la mejora de todo tipo de apoyos. El aumento de la esperanza de vida siendo uno de los datos más positivos que puede tener una sociedad, supone a su vez un importante reto tanto en materia de pensiones como en atención a la salud y dependencia. Un reto que exige muchos recursos pero que también será fuente de oportunidades y empleo.

2º. Respecto a las políticas activas de empleo, es preciso seguir mejorando el conjunto de políticas destinadas al apoyo a empresas y autónomos, así como las destinadas a la orientación, formación e intermediación laboral. Igualmente, la mejora del trabajo conjunto con empresas, entidades sociales y servicios sociales, será una prioridad de cara a lograr una mayor inserción laboral de los colectivos con especiales dificultades.

3º. Otro aspecto central es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La ley de renta garantizada todavía tiene un recorrido amplio de desarrollo, y será en el marco del Plan de Inclusión y de Familia y menores donde abordaremos de manera integral todas las políticas sociales, de vivienda, empleo, educativas, fiscales, etc., necesarias para ser mucho más efectivos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y en el avance de la cohesión social en Navarra. “Lejos de verlo solo como un gasto, es preciso remarcar que la inversión en reforzar la cohesión social tiene a su vez un impacto muy positivo en el crecimiento económico sostenible de Navarra”.

Igualmente, en materia de vivienda podemos decir que “hemos puesto los cimientos, la nueva ley, pero debemos tener en cuenta que se trata de un bien que cuesta tiempo proveer”. El próximo Plan de Vivienda será el marco idóneo para un avance significativo en la garantía del derecho a una vivienda digna a toda la ciudadanía navarra, centrando los esfuerzos en seguir ampliando el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles, la rehabilitación y la puesta en uso de la vivienda vacía.

El vicepresidente ha destacado que “el cambio en las políticas sociales no significa simplemente asignar más recursos a revertir los recortes sociales de la etapa anterior. El cambio político deberá seguir marcando su prioridad social en la segunda mitad de esta legislatura (y también en las próximas si la ciudadanía lo sigue expresando en las urnas) pero, además, es necesario construir un nuevo modelo de Estado de Bienestar para el siglo XXI:

1. Un Estado de Bienestar basado en derechos pero que supere las inercias históricas, las rigideces y excesos reglamentistas e introduzca más flexibilidad, dinamismo y capacidad de adaptación en un mundo en continua transformación.

2. Un Estado de Bienestar que sea también “Sociedad del Bienestar”, potenciando la participación de la ciudadanía en el abordaje de los problemas sociales, así como su implicación a la hora de plantear las soluciones, en plena colaboración con las administraciones públicas.

3. Un Estado de Bienestar capaz de superar las presiones corporativistas de organizaciones y grupos de interés (legítimos pero particulares) y que anteponga el interés general del conjunto de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.

4. Un Estado de Bienestar que centre sus prioridades en los programas que mejores resultados alcanzan y anuncian mayores beneficios para el futuro, con una concepción de auténtica inversión social.

5. Un Estado de Bienestar que ya no garantice sólo seguridad a las personas sino también su impulso y promoción, su plena activación a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde la atención temprana al envejecimiento activo; capaz de crear las condiciones y las oportunidades para que cada individuo aporte lo mejor de si mismo al conjunto de la sociedad, con un compromiso estratégico por el pleno empleo.”

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