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Civismo: El pacto Rivera-Rajoy pone en peligro el cumplimiento del déficit

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La negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 ha comenzado sobre dos puntales: aprobación del techo de gasto no financiero y una bajada del IRPF

El primero, la aprobación del techo de gasto no financiero para 2018: 119.834 millones de euros, lo que supone un 1,3% más que el año anterior. Este incremento viene sustentado en las previsiones al alza del crecimiento del PIB, cifrado en un 3,0% para este año y en un 2,6% para el que viene, según Civismo.

Estas nuevas predicciones se basan en un modelo equilibrado, empujado por las exportaciones y la inversión. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntó que no esperemos “grandes revoluciones”, debido a los requerimientos de Bruselas para salir del procedimiento de déficit excesivo en 2018.

Que el límite de gasto no financiero sea mayor este año implica que el gasto no financiero estructural (el que no incluye prestaciones por desempleo y pago de intereses de deuda pública) crecerá a tasas superiores a aquél. Por un lado, se espera que los ingresos sean mayores (gracias a unas tasas de empleo más elevadas y mayor dinamismo en la economía española) y menores los gastos cíclicos, a saber, los destinados a prestaciones por desempleo y a intereses de la deuda. Sin embargo, tanto la bajada del gasto cíclico como el excesivo optimismo en torno a la recaudación, tal como Civismo analizó en la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, no justifican una subida como la que se plantea del techo de gasto, y ponen en peligro la consecución de los objetivos de déficit público, fijados en el 3,1% del PIB para este año y en el 2,2% para 2018.

De aquí proviene un riesgo de incumplimiento consistente en, por un lado, el más que previsible desvío en los objetivos de déficit por parte de las comunidades autónomas, las cuales anunciaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera su intención de incrementar más el gasto, aprovechando los nuevos fondos inyectados a través de anticipos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Por otro lado, el más que probable “pinchazo” en los ingresos. Aunque los dos últimos Informes de Recaudación Tributaria apuntan a un crecimiento sostenido por IVA, en términos homogéneos y en acumulado hasta mayo, del 7,1%, y del 7,8% en Sociedades, la recaudación por IRPF continúa por debajo de lo esperado, y los ingresos por Cotizaciones a la Seguridad Social apenas crecen en el entorno del 1%, frente a un aumento del gasto en pensiones del 3,4% interanual a fecha de abril.

El segundo puntal es una bajada del IRPF en los tramos de rentas más bajas, que supone a priori una pérdida de recaudación de 2.000 millones de euros, al elevar la cantidad mínima a partir de la cual se pagaría IRPF e introducir más desgravaciones en forma de reducciones en base por motivos familiares o de discapacidad.

Si no fuera por la bajada de los mínimos en el IRPF, una rebaja consistente en incrementar las deducciones y los mínimos exentos por tenencia de hijos, discapacidad y cuidado de ascendientes mayores, no plantearía problemas en materia de cumplimiento del objetivo de déficit.  Sin embargo, al aumentar la cantidad mínima a partir de la cual se paga IRPF, introduce un riesgo evidente de desvío en los ingresos por este impuesto. Aceptando que es deseable seguir bajándolo, las formas no son las adecuadas. Para equilibrar la pérdida de recaudación en el corto plazo que provoca este acuerdo debería acometerse un recorte del gasto público equivalente a la pérdida de recaudación.

Resulta preocupante, en suma, que se mantenga, por un lado, una tendencia alcista sobre el gasto presupuestario estructural, el cual se ha incrementado ya en los últimos cinco años por encima del crecimiento del PIB y, por otro lado, una rebaja de impuestos que crea un agujero en los ingresos difícil de cubrir.

Esta política económica dificulta un ajuste público más rápido, tal como sería deseable para el conjunto de la economía española, con el fin de impulsar el ahorro interno y la financiación de nuevos proyectos de inversión.

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