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Cultura y las autonomías acuerdan luchar juntos contra la reventa de entradas online

Cultura y las autonomías acuerdan luchar juntos contra la reventa de entradas online

El Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas han acordado hoy, en el pleno de la Conferencia Sectorial del ramo, un plan de trabajo para luchar contra el problema de la reventa de entradas online, materia en la que Cantabria ha sido pionera en legislar para proteger al consumidor.

Así lo ha destacado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, tras esta reunión plenaria mantenida en el Museo Nacional del Prado, donde la Conferencia Sectorial de Cultura ha atendido a la llamada del ministerio de unirse en esta lucha contra las malas prácticas en la reventa de entradas en Internet.

«La reventa de entradas online es un tema del que todos somos conscientes. La revolución tecnológica va muy por delante de la legislación y por eso es bueno ser conscientes de esa necesidad de regularla porque es un obstáculo para que la gente pueda acceder. Pero plantea cuestiones jurídicas que no son fácil de responder», ha expresado Méndez de Vigo.

En este sentido, en la Conferencia Sectorial de Cultura, el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de cultura, se han elaborado unas recomendaciones de «buenas prácticas» en las que se incluye la colaboración entre los departamentos competentes para adoptar medidas normativas y ejecutivas y «frenar los efectos negativos de la reventa y tutelar los intereses públicos afectados».

Entre estos puntos también se encuentra el de «realizar consultas públicas o estudios específicos» que permitan evaluar la dimensión del fenómeno de la reventa electrónica de entradas y de su posible impacto en la limitación del acceso a espectáculos culturales; o revisar periódicamente con todos los sectores interesados el funcionamiento de dichas medidas en el tiempo.

Un plan que no tiene plazo de ejecución, ha puntualizado el ministro, ya que se trata de un asunto en el que además de las comunidades autónomas también están implicados distintos departamentos ministeriales, como el de la Secretaría de Estado de Agenda Digital.

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