José Miguel Nuin, parlamentario de I-E
NAVARRAINFORMACION.Es
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que la Cámara exige al Gobierno de España y a las Cortes Generales a “derogar la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo central y a las Cortes Generales a “derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011”.
Ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de España y a las Cortes Generales a “derogar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara”.
Del mismo modo, se exige al Gobierno central y a las Cortes generales a “derogar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”.
Asimismo, se exige al Ejecutivo español y a las Cortes Generales la “derogación de la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.
Finalmente, se exhorta al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales a “derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra arguye que “la atención de las necesidades y derechos básicos de la ciudadanía en materia económica, social y laboral resulta incompatible con el mantenimiento de toda la normativa austericida impuesta por el Gobierno central de la mano de la Troika (UE, FMI, BCE)”.
Así, tras aludir a los “graves recortes sociales, a la eliminación de derechos labores básicos y a las drástica reducción de la capacidad de las administraciones públicas para actuar sobre el conjunto de necesidades económicas y sociales”, el proponente incide en la necesidad de revertir el orden de prioridades establecido a partir de reales decretos y leyes que han extendido sectorialmente (educación, sanidad, ayuntamientos) las políticas restrictivas de la Troika
