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El Pleno del Parlamento del pasado jueves, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, y los votos en contra de UPN y PPN, aprobó una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “modificar el marco legislativo para que la electricidad, su producción, suministro, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y para prevenir la pobreza energética”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto, en el que, con los votos en contra de UPN y PPN y la abstención de PSN, se exhorta al Ejecutivo central a “modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad para uso doméstico”. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han mantenido su respaldo.
Finalmente y a instancias de EH Bildu, cuya enmienda in voce de adición ha sido aceptada por I-E, titular de la iniciativa, se conmina al Gobierno del Estado a “elaborar un plan energético a largo plazo que incluya un sistema de precios más justo y tenga en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental, autonomía energética, seguridad del suministro y viabilidad”. El PPN ha votado en contra, mientras el resto lo ha hecho a favor.
La moción original incluía un tercer apartado, en el que se exhortaba al Ejecutivo central a “nacionalizar el sector eléctrico para así poner este sector estratégico de la economía al servicio del interés general”. El respaldo de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E ha sido insuficiente ante los votos en contra de UPN, PSN y PPN y la abstención de Geroa Bai.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra habla de la pobreza energética en términos de “sobrecoste, insatisfacción de las necesidades domésticas o pérdida de calidad de vida”, y advierte sobre su “especial incidencia en zonas rurales o escasamente pobladas y, más aún, en hogares con problemas de salud”.
A ese respecto y después de mencionar diversos estudios que ponen de relieve el desmedido incremento del precio de la electricidad en España, “tras Malta Chipre el Estado de la UE-27 con tarifas más altas”, se cifra en 100.000 el número de navarros afectados de pobreza energética y se fija en hasta 7.000 las muertes adicionales en España al año debido al frío.
En ese contexto, constatada la “ausencia de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética”, se apunta a la Unión Europea, donde la energía es vista como un “bien común esencial”, para reivindicar su conversión en una “prioridad social”, objetivo a todas luces “incompatible con la reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno del Partido Popular y la cuestión no resuelta del déficit tarifario, principal causa de los precios fijados al consumidor y, por tanto, del incremento de las tasas de pobreza energética”.
