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Aranburu dice que el Estado actuó «sin apoyo jurídico» pero cree que la negociación va bien

El consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, ha afirmado este viernes que las negociaciones con el Gobierno central para actualizar el Convenio Económico «van bien», después de que «sin apoyo jurídico» dejara de pagar a Navarra 82,6 millones de euros por ajustes de imposición indirecta de 2016.

Aranburu, que ha comparecido a petición de UPN y EH Bildu, ha indicado que la aportación del año base del quinquenio, 2015, con el índice prorrogado de cálculo, «desorbita la senda» de lo que Navarra aporta a las cargas generales del Estado y esa situación es la que «se ha intentado reconducir».

Por eso, a la vista de que no se abría la negociación para actualizar el Convenio, se decidió con base en un artículo del mismo no abonar la parte que se calculó excedía, a lo que el Estado, apoyado en una disposición del mismo Convenio, respondió con el citado descuento en los ajustes.

«Un escenario que nos vamos a encontrar en los próximos trimestres», según ha adelantado, aunque a su juicio la diferencia es que Navarra actúa conforme a lo previsto en el Convenio Económico en caso de discrepancia y el Estado, «sin apoyo jurídico».

En cuanto a la negociación para la actualización del Convenio, Aranburu ha afirmado que en lo que afecta a la aportación «el ritmo es bueno, luego queda la de los ajustes, pero probablemente no tengamos tampoco muchos problemas».

«Esto es lo más importante y si en otoño está cerrado, todos los descuentos unilaterales quedarán salvados porque se regularizará todo desde el año 2015», ha dicho, y ha precisado que la comunidad foral mantiene sus cálculos tras el estudio realizado.

Si todo transcurre según el criterio del Gobierno de Navarra, que es el que ha aportado el estudio económico para la negociación «podrían ser 300 millones de euros de sobrepago, no es ninguna tontería», ha dicho el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Ha aseverado además que el Estado actuó «por revancha pura y dura, de forma unilateral», y por lo tanto ha instado a que Navarra en la próxima aportación trimestral se «compense» esos 82,6 millones para «defender» la Hacienda foral.
Por el contrario el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin ha sostenido que es el Estado el que ha «compensado» lo que «se le debía» al decidir Navara finales del año pasado «aplicar otro articulo» al sistema.

Para UPN, esta forma de proceder refleja «insolvencia jurídica» y «resta credibilidad» al Ejecutivo foral, algo que según ha avisado «se vuelve en contra de Navarra» que ha hecho el papel de «moroso».

«Estamos donde lo dejamos la última vez» y «también son previsibles las posiciones de los grupos», ha indicado Jokin Castiella, de Geroa Bai.

Por eso ha apuntado que «el reto» es «llegar a una situación lo mas equilibrada posible y, sobre todo, lo mas cercana a la realidad» y ésta a juicio de su partido es la que mantiene el Ejecutivo foral.

La actitud del Gobierno central «es un abuso de poder», ha subrayado Laura Pérez, de Podemos, quien ha apoyo «la determinación» del Gobierno de Navarra.

Ha señalado además que de 490 millones de aportación máxima que calcula Navarra, frente a 600 del Estado, mas de 300 son por intereses de deuda y ésta se debe en gran parte a la corrupción, a un «gobierno corrupto» al que ha instado a «disolverse y devolver el dinero».

«Está claro que mientras no haya un acuerdo en la cifra de la aportación del año base del Convenio habrá una gresca entre grupos» y esta «no es la mejor manera de defender» los intereses de Navarra, ha advertido la socialista Ainhoa Unzu.

Ha apelado por ello «a la negociación bilateral y al pacto» y ha mostrado el deseo del PSN de disponer para los próximos presupuestos de «un cuerdo justo», porque la solución «no pasa de ninguna manera por decisiones unilaterales»

La portavoz del PP, Ana Beltrán, que ha exigido a Pérez sin éxito una rectificación por sus acusaciones al Gobierno del PP, ha respaldo las palabras del consejero sobre la «buena sintonía» en las negociaciones para actualizar el Convenio.

Por ello, dado que «el Gobierno de España está con mucho interés de llegar a una buena negociación», ha pedido al Aranburu «prudencia» para que nuevas decisiones no afecten al proceso.

«Las negociaciones van bien y nos parece positivo porque el objetivo debe ser alcanzar un acuerdo este año», ha puntualizado el portavoz de I-E, José Miguel Nuin.

Y ha agregado que el Gobierno de Navarra «tiene el apoyo de su coalición» en la gestión de este asunto, «con solvencia y rigor técnico», frene a la postura «lamentable y censurable en términos políticos» de partidos navarros que «actúen como abogados del Estado».

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