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Plataforma dice que un informe de la CHE sobre la mina de Muga alerta de la afección a Yesa

Plataforma dice que un informe de la CHE sobre la mina de Muga alerta de la afección a Yesa

La Plataforma en Contra de las Minas de Potasa de la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, en Aragón y Navarra, ha denunciado que un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) alerta de que la mina Muga puede afectar al pantano de Yesa

Esta plataforma recuerda que en el periodo de exposición pública de proyecto de Mina Muga en 2015 ya denunció los peligros que podía acarrear la apertura de esta explotación, que afecta tanto a las Altas Cinco Villas en Aragón como a la comarca de Sangüesa en Navarra, según informa en una nota de prensa.

Informes de la CHE y del Instituto Geológico

El informe oficial realizado por la CHE, al que ha tenido acceso la plataforma, revela que la afección al pantano de Yesa podría ser de tal magnitud que considera la necesidad de subordinar la actividad minera a la seguridad del pantano.

En dicho informe se establece como necesario realizar, según la citada nota, “un sistema de control específico o umbrales de funcionamiento que, llegado el caso, aconsejen la paralización de la explotación”.

Además, los informes elaborados por la CHE, el Instituto Geológico y Minero de España o el Instituto Geográfico Nacional denuncian que no se ha evaluado la interacción de la mina con el embalse ni con las obras hidráulicas de la zona o la propia seguridad de bienes y personas.

La citada nota explica que la CHE denuncia que el proyecto de Mina Muga no ha hecho un estudio específico de afección a Yesa y que no ha probado que no afecte al embalse y “se reitera que es preciso que el promotor realice los estudios de detalle propuestos para analizar la posible interferencia con la presa de Yesa y su embalse” como interferencia hidrogeológica, afección con el sistema de explotación de la mina, sea por medios mecánicos o voladuras, y los efectos de sismicidad inducida.

Probar la no afección al pantano de Yesa

Por todo, ello la CHE entiende que ha de probarse la no afección, el compromiso del promotor, el sistema de control y auscultación para corroborarlo durante la explotación y los umbrales de alerta para dichos sistemas de control, que deberían quedar incorporados al clausulado suspensivo de la concesión”, a la vez que precisa que los estudios realizados hasta el momento no tienen el alcance ni el grado de detalle necesario.

Asimismo alerta que la extracción de 50 hectómetros cúbicos de material afectará “inevitablemente a la red de flujo hidrogeológico de toda la zona” y exige a la empresa Geoalcali un estudio específico sobre el grado de afección a la presa ya que “las numerosas fallas complementarias a los plegamientos principales de la zona podrían propiciar el paso franco del agua del embalse a la zona de explotación minera”.

Es decir, aclara la nota, que la mina podría desaguar al propio pantano con consecuencias catastróficas tanto para los usuarios del pantano como por la entrada de un volumen ingente de agua a una mina de sal, y recuerda el caso de la entrada del río Cardener en la mina de potasa de Cardona que obligó a trasvasar el río, por lo que, según la plataforma, esta no puede ser la alternativa futura para el río Aragón.

Deslizamientos y sismicidad

El Instituto Geológico y Minero de España reprende a Geoalcali sobre el informe de “nula afección de Mina Muga a Yesa” por vago y generalista y exige “determinar la posible influencia de la actividad minera sobre la estabilidad de las laderas del embalse de Yesa, y en concreto sobre la reactivación de los deslizamientos existentes en ambas laderas”.

Además, alerta de los riesgos de sismicidad, para lo que exige un estudio específico por la seguridad de las instalaciones, la del embalse de Yesa y por la posibilidad de la inducción de sismos.

La plataforma también afirma que ha sabido que el Ministerio de Medio Ambiente ha exigido a Geoalcali la redacción de un texto refundido que intente resolver las graves deficiencias detectadas y que valore los riesgos de sismicidad y fenómenos de subsidencia.

Por todo ello, demanda que todos los informes de administraciones y organismos deberían ser públicos para conocimiento de la ciudadanía y que de presentarse el requerido refundido, debería reiniciar todos los trámites democráticos de información y participación pública. Efe

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