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La UGT ha exigido al Ayuntamiento de Pamplona que renuncie a la presión chantajista y aborde con urgencia la negociación de un convenio colectivo que mejore realmente las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores, después de diez años sin convenio y con una pérdida de poder adquisitivo de más de un 25%.
El sindicato recuerda que el actual equipo de Gobierno municipal ha incumplido en estos casi dos años de mandato su palabra y su compromiso de negociar un convenio colectivo que mejore las condiciones de empleo de todos sus funcionarios, algo incomprensible en un Gobierno que se considera de cambio, que dice estar comprometido con unos servicios públicos de calidad y eficientes y que dice defender y cuidar al empleado público.
En este sentido, la UGT manifiesta su rechazo más absoluto a la última propuesta del director de recursos humanos, condicionando la promoción del personal de los niveles más bajos, que es una vieja reivindicación sindical que se lleva negociando desde hace seis meses, a la firma de la propuesta realizada por el Ayuntamiento, que es todavía más regresiva de la que en su día presentó UPN, ya que no sólo no mejora las condiciones laborales, sino que supone un enorme paso atrás.
En opinión de UGT, lo único que hace la propuesta de convenio realizada por el equipo de Gobierno municipal es modificar el nombre de algunas retribuciones, con el fin de ocultar las horas extraordinarias, aumentar la jornada de forma significativa, incrementar las funciones y atribuirse la potestad de modificar unilateralmente y sin ningún tipo de negociación ni control todas las condiciones laborales. Ningún Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona se había atrevido hasta ahora a plantear semejantes reducciones de derechos.
Por todo ello, la UGT ha dejado claro en la mesa negociadora que la promoción de los trabajadores que están realizando funciones por encima de su nivel es un derecho que debe reconocerse al margen de la negociación del convenio, y que no firmará ningún convenio que no respete los derechos adquiridos, que empeore las condiciones o perjudique a algún colectivo de funcionarios y que no recoja una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del Ayuntamiento, cuando lo permita la ley, y en todo caso del 5% que se sustrajo a todos los empleados públicos en el año 2010.
