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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escanea con el móvil el código QR del proyecto de Ley de PGE. EFE
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, presentados hoy y compartidos en su esencia por casi todos los partidos políticos, se basan en unas previsiones infladas de ingresos fiscales y, en consecuencia, apuestan por un gasto público difícilmente justificable, según cálculos de Think Tank Civismo. A pesar de que el conjunto de la economía española ha mejorado sustancialmente, las cuentas públicas siguen inmersas en una crisis importante de sostenibilidad a medio plazo, lo que desaconseja el despilfarro.
Tanto el Gobierno como la oposición fían la consecución del objetivo de déficit público de 2017 al crecimiento de la economía, de modo que ésta genere por sí misma unos ingresos que hagan que, en 2019, España salga del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Confiar única y exclusivamente en los ingresos para realizar un ajuste fiscal en profundidad es una mala idea económica. En este sentido, todo depende de cómo respondan las bases imponibles al crecimiento nominal de la economía y a los cambios tributarios frecuentes que se producen. Precisamente, uno de los últimos, el aumento de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, por valor de unos 6.000 millones de euros, ha permitido cumplir el objetivo del déficit casi en el tiempo de descuento y provocando innumerables problemas en las tesorerías de las compañías.
La respuesta de las bases imponibles ha variado profundamente en los últimos años. Tomando los datos de recaudación tributaria homogénea desde 2007, la realidad es que, por cada punto porcentual de variación del PIB nominal, la recaudación sólo ha aumentado un 0,59%. Dado este carácter inelástico de la recaudación (empeorado, además, en los años de crisis y por las múltiples subidas de impuestos desde 2010), no es razonable pensar que una economía que crezca al 3% en términos reales (5% en términos nominales si suponemos que la inflación medida por el deflactor del PIB se situará en el 2% de promedio anual) pueda generar un aumento de la recaudación tributaria homogénea cercana al 8% anual. Si a este hecho se añade un sesgo histórico al alza en las estimaciones de recaudación por parte del Gobierno, la eficacia de esta vía para cumplir con los compromisos de déficit y deuda queda seriamente en duda.
Por la parte de los gastos, el no financiero, ajustado cíclicamente, sube un 2,5% en términos anuales, lo que denota el carácter expansivo de los PGE 2017. Llama particularmente la atención el uso de los fondos de financiación de los entes territoriales y el perjuicio que eso causa a la Administración Central frente a las Autonómica y Local, más aun cuando España, en este 2017, ya tiene que entregar 825 millones de euros netos de aportación al Presupuesto comunitario.
Otro elemento preocupante es el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Debajo del aparente “cumplimiento” de los objetivos de déficit, se esconde el mayor agujero de la historia de la caja: más de 18.000 millones de euros. Con un gasto en pensiones que crece a tasas superiores a las de la economía (+3,1% proyectado para 2017) y unos ingresos por cotizaciones que sólo cubren tres cuartas partes del gasto, con desviaciones muy graves respecto a lo presupuestado (15.000 millones en 2016), el problema de la Seguridad Social tiene una alta probabilidad de empeorar y, por tanto, de agrandar el agujero ya estructural de nuestro sistema público de reparto.
