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Las familias afectadas por la concesión de becas calculan pérdidas de 1,2 millones

Las familias afectadas por la concesión de becas calculan pérdidas de 1,2 millones

El colectivo de madres y padres de alumnos afectados han continuado ante el TSJN la formalización de las dos demandas presentadas

El colectivo de madres y padres de los alumnos afectados por el cambio de sistema en la concesión de becas a universitarios en Navarra han continuado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) la formalización de las dos demandas presentadas, con un perjuicio económico calculado de 1,2 millones.

Según han informado este sábado, el acto tuvo lugar el viernes, una vez que el Departamento de Educación ha enviado al TSJN el expediente administrativo, por o que el colectivo formalizó la demanda y se adjuntaron las pruebas documentales pertinentes, entre las que figura el estudio del impacto individual y global que la nueva convocatoria produce en las familias navarras.

 La segunda demanda se produce a raíz de la desestimación por silencio administrativo de las cuestiones de fondo correspondientes al recurso interpuesto el 28 de noviembre.

Por eso «carece de todo sentido que el Gobierno de Navarra pretenda ahora recoger alegaciones a recursos no contestados y que prosiguen su marcha judicial en la Sala de lo Contencioso Administrativo», señalan en una nota.

En la demanda presentada se ha concretado el perjuicio económico ocasionado en 1.202.252 euros, y el porcentaje de recorte de las becas es del 64 % respecto a la convocatoria del pasado año, y con mayor repercusión en las familias más humildes con tramos de renta mas bajos.

Por ello, este colectivo de afectados dice no entender por qué este Gobierno, «que se muestra como el abanderado de las cuestiones sociales», haya protagonizado «la actuación más regresiva que ha promovido ningún otro Gobierno foral».

«El señor Mendoza puede pasar a la historia como el consejero que privó exclusivamente de las becas a los estudiantes de la Universidad de Navarra de las familias más humildes de la Comunidad foral para ampliar irónicamente el número de becarios con los hijos de familias con rentas altas», advierten.

Tampoco entiende que «un gobierno que defiende la transparencia y la participación ciudadana como herramientas básicas de su gestión no conteste a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas realizadas por los ciudadanos afectados por esta convocatoria», además de negarse a reunirse con ellos.

Considera que el Gobierno «debe generar seguridad jurídica en la ciudadanía» y que «no puede decir una cosa y a la vez la contraria, plantear alternativas para después desdecirse de las mismas» y «no puede permanecer indiferente a la angustiosa situación por la que atraviesan muchas familias».

Por ello, «si verdaderamente tienen voluntad de arreglar esto, la solución está en sus manos, y pasa por la paralización de la actual convocatoria, la aprobación de una nueva convocatoria con los baremos de la convocatoria del año anterior creando un periodo transitorio para todos los que están en este momento cursando sus estudios universitarios, y que comenzaron con unas reglas de juego claras».

Posteriormente, podrían iniciar un proceso de debate de un nuevo sistema de becas para los próximos cursos, «basado en la equidad, en la suficiencia y que permita la libre elección del grado a estudiar, garantizando así la igualdad de oportunidades de todos las navarras y navarros, o la ampliación de la partida, para solucionar el perjuicio ocasionado a los perjudicados». EFE

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