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El Pleno del Parlamento aprobó el pasado jueves 2 de marzo, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España al “desmantelamiento urgente y cierre definitivo de la central nuclear Santa María de Garoña”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, con el voto en contra del PPN, se compele al Ejecutivo central a “elaborar un Plan de Transición Energética basado en un modelo seguro y sostenible en términos económicos y medioambientales”. El resto de formaciones ha votado a favor
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se apremia al Gobierno de España a “declarar nulas las autorizaciones que se hubieran emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear para la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña”. UPN y PPN han votado en contra, mientras Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E han mantenido su respaldo
Asimismo, se exhorta al Ejecutivo central para que “adopte las medidas oportunas para poner en marcha un Plan de adaptación económica y de reindustrialización de las comarcas afectadas por el fin de la actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña”. El PPN ha votado en contra, UPN se ha abstenido y el resto ha votado a favor.
Estos dos últimos epígrafes han sido incorporados a partir de una enmienda in voce de adición presentada por el G.P. PSN y aceptada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra, titulares de la iniciativa.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra se hace eco de los “continuos pronunciamientos institucionales” en favor del cierre de las centrales nucleares y, en especial, de la de Garoña, la más antigua en el Estado tras la clausura de Zorita, y pone de relieve la “opacidad” del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la tramitación de la solicitud de ampliación de vida útil hasta el año 2031 (serían 60 años), decisión última que corresponde al Gobierno de España.
A ese respecto y más allá de la reapertura de una central que “aporta una pequeña cantidad de energía al mix eléctrico”, lo sustancial es que, de confirmarse, supondría “abrir la puerta a alargar hasta los 60 años la vida útil de las centrales (la licencia de explotación de Almaraz I y II expira en 2020), dando continuidad así a un modelo basado en energías peligrosas y no renovables, como la nuclear”.
Se trata, a juicio de los proponentes, de una “irresponsabilidad desde el punto de vista ecológico, económico, social e incluso democrático, más aún tras la alarma social desatada a raíz de la catástrofe nuclear de Fukushima” (Japón), situación que “cuestiona la legitimidad del Gobierno para adoptar una decisión en contra de la mayoría ciudadana”.
La Central nuclear de Santa María de Garoña, propiedad de Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, comenzó a funcionar en 1971. Su potencia instalada es de 466 MG y su vida útil inicialmente prevista era de 40 años, con lo que su cierre se tenía que haber producido, como muy tarde, en 2011.
La última autorización de funcionamiento, luego prorrogada por el Gobierno socialista hasta 2013, alcanzaba hasta 2009. El cese definitivo de la explotación se produjo el 6 de julio de 2013 (se requería una inversión de al menos 150 millones para solventar problemas de seguridad), pasando a una situación de pre-desmantelamiento. Pero en mayo de 2014 Nuclenor solicitó ante el Ministerio de Industria la ampliación de la vida útil de la central hasta 2031, con lo que volvió a abrirse la puerta a su continuidad.
