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La Comisión de Investigación constituida el 27 de abril de 2016 por la desaparición de la CAN ha acordado hoy, a la vista del informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara sobre las limitaciones legales esgrimidas por la Fundación CAN en relación al acceso a las actas de sus reuniones entre 2002 y 2012, solicitar al Ejecutivo Foral que valore si procede o no su puesta a disposición del Parlamento.
En el supuesto de que el Gobierno entienda que la Comisión de Investigación ostenta facultades de control sobre dichas actas, cuestión sobre la que deberá pronunciarse no más allá del 8 de marzo, se demanda la habilitación de un espacio en las dependencias del Ejecutivo para que los miembros de la Comisión puedan trabajar sobre el contenido de dichas actas conforme al debido respeto al secreto y la confidencialidad. En este caso, se establece el 30 de abril como plazo límite orientativo.
Los citados acuerdos, aprobados con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Izquierda-Ezkerra y PSN y el voto en contra de UPN (PPN no ha participado en la sesión), tienen su origen en el informe solicitado a instancias de Unai Hualde, Presidente de la Comisión de Investigación, en respuesta a una comunicación del Consejero de Hacienda y Política Financiera, donde hacía saber que el Gobierno de Navarra, en atención a su función de Protectorado de la Fundación CAN, había recibido diversa documentación relativa a las actas, acompañada de una serie de advertencias sobre su uso restringido, por tratarse de “información afectada por la normativa de protección de datos de carácter personal”.
Por otra parte y en lo tocante a la solicitud y celebración de comparecencias, la Comisión de Investigación ha resuelto fijar el 10 de mayo como plazo límite orientativo para recabar peticiones. Las comparecencias, según se avanza, también a modo orientativo, podrían celebrarse entre el 15 de mayo y el 15 de junio. De ser así, la presentación de conclusiones y la finalización de los trabajos se prevé, salvo nueva prórroga, para el 30 de junio.
Transcurridos diez meses desde que la Comisión de Investigación se pusiera en marcha, Unai Hualde ha valorado de forma positiva el trabajo realizado, al entender que, “frente a lo sucedido en el fallido intento de finales de la pasada legislatura, ha sido numerosa y prolija la documentación obtenida. Ha habido una actuación decidida para sortear los dos principales impedimentos de entonces, el tiempo y los obstáculos legales. Esta es una impresión compartida por todos los grupos, salvo UPN y PPN, que no viene participando en las sesiones”.
A ese respecto, Hualde subraya que la propuesta de trabajo refrendada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E incide, por un lado, en la necesidad de “comparar la labor in vigilando que llevaron a cabo otros gobiernos regionales» que se encontraron en una situación “muy similar durante el proceso de fusión de otras cajas».
E insiste, por otro, en investigar el “cronograma completo del patrimonio que componía la CAN en 2005″, tratando de «aislar las instituciones o personas que de una u otra forma estuvieron involucradas o se pudieran haber beneficiado».
De acuerdo con las normas aprobadas, la Comisión de Investigación tiene por objeto conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.
