El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto ley de reforma de la estiba, a cuya liberalización obliga a España una sentencia europea, y que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso.
El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero lo rechazan los sindicatos que han convocado una huelga de 9 jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período del trámite parlamentario de la nueva ley.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha hecho un llamamiento a los sindicatos y la patronal que «intensifiquen» las negociaciones que están llevando a cabo en el marco de la negociación colectiva sobre cuestiones como la subrogación de los trabajadores, que no tienen cabida en el decreto, pero sí en ese marco.
De la Serna ha insistido en que el real decreto se ajusta estrictamente a la sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2014, que exige liberar el sector, el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores.
En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.
Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia). EFE
El Gobierno se ofrece a retrasar la reforma de la estiba si los sindicatos desconvocan la huelga
