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Piden 20 años de cárcel por explotar a pakistaníes en kebabs y locutorios de Tudela y Calahorra

Los cinco procesados utilizaban distintas empresas previamente constituidas para facilitar el traslado irregular de inmigrantes de su país hasta Tudela y Calahorra

La sección primera de la Audiencia de Navarra acogerá a partir del martes un juicio contra cinco personas acusadas de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo, falsedad y pertenencia a grupo criminal, para los que el fiscal pide 20 años de cárcel.

Se trata del vicepresidente de la Asociación Pakistaní de La Rioja, un hermano suyo, un socio en la empresa Moneeb S.L., y los gestores de distintos kebabs y locutorios en Tudela (Navarra) y Calahorra (La Rioja).

Los procesados, sin antecedentes, naturales de Pakistan y en situación irregular en España, acordaron en 2013 según el escrito de acusación de la Fiscalía utilizar distintas empresas previamente constituidas para facilitar el traslado irregular de inmigrantes de su país hasta Tudela y Calahorra, pasando por Italia.

El viaje se realizaba en dos etapas, una hasta entrar en Italia con unos visados para turistas falsificados, y la segunda hasta España, que comenzaba al día siguiente.

A cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 15.000 euros, una vez en destino se les facilitaban contratos de trabajo, que no reflejaban la realidad de las condiciones ni tan siquiera de la empresa, y el empadronamiento en distintas viviendas que tenían los acusados.

La Fiscalía sostiene que las condiciones de trabajo que imponían los procesados a los inmigrantes eran de “total explotación”: jornadas de 16 horas, sin remuneración económica alguna o tan escasa que no les permitía subsistir, y hacinados en viviendas bajo control y supervisión, en las que debían dejar toda su documentación y permanecer encerrados entre jornada y jornada.

Esta relación no terminaba hasta que el grupo criminal daba por saldada la deuda, indica el fiscal, que añade en su escrito que normalmente transcurrían 3 años hasta que los inmigrantes podían solicitar el permiso de residencia “por arraigo social” y “siempre y cuando pagasen el dinero convenido para ello”, otros 6.000 euros que de no disponer les vinculaban nuevamente con los acusados para otros 2 años.

Por estos hechos los cinco acusados han estado en prisión preventiva desde febrero de 2015 hasta marzo de 2016, cuando obtuvieron la libertad con fianza.

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