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La agresión de Alsasua pasa a la Audiencia Nacional como delito terrorista

NAVARRAINFORMACION.ES

La juez de instrucción del juzgado 3 de Navarra, Mari Paz Benito, ha decidido inhibirse a favor del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional para que sea esta instancia quien determine si la agresión que sufrieron dos guardias civiles en Alsasua el pasado día 15 constituye un delito de terrorismo, como mantienen la Fiscalía y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo que denunció a los agresores, Covite.

En el escrito, presentado en el juzgado por Consuelo Ordóñez, en representación de Covite, se hace extensiva la denuncia al colectivo “Ospa!”, a los responsables de la cuenta de Twitter “@AltsasukoGA” y a las personas y entidades “que pudieran haber sido partícipes” en la agresión y en las campañas denominadas “Alde Hemendik” (Fuera de aquí).

La jueza pamplonesa también alude, para su decisión de inhibirse, al informe emitido por el Ministerio Fiscal, que califica el delito de terrorismo, y el auto de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que se declaró competente para investigar lo sucedido.

El pasado lunes llegó además a la Audiencia Nacional el informe solicitado por este tribunal a la Guardia Civil sobre la «campaña de acoso» que estaría sufriendo este Cuerpo en Alsasua.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las cinco de la madrugada del 15 de octubre en un bar de la localidad navarra de Alsasua, cuando un numeroso grupo de personas increpó a los agentes, que no estaban de servicio, y sus parejas.
A resultas de la agresión, uno de los agentes, un teniente de la Guardia Civil, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones sufridas en una pierna y en la cara, mientras que el otro, que es sargento, y las mujeres presentaron lesiones, magulladuras y hematomas.

Los dos jóvenes detenidos por la agresión quedaron en libertad con cargos de lesiones y atentado a la autoridad tras prestar declaración ante el juez de guardia en el Palacio de Justicia de Pamplona. El Ministerio del Interior defendió que este delito se podría ver agravado por concurrir con otro de odio, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional abogó por encuadrar los hechos en un delito de terrorismo. En el escrito del Ministerio Público, el fiscal establece que “se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública”.

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