NAVARRAINFORMACION.ES
El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la abstención de PPN y el voto a favor de UPN, la enmienda a la totalidad formulada por UPN al proyecto de Ley Foral por el que se regulan los derechos a la Inclusión Social y la Renta Garantizada.
Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual renta de inclusión social, supondrá
una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones. De ellos, 5,08 corresponderían a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años sería de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.
Se busca “combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra, sin menoscabo del avance que, dadas las prestaciones de las que podrán beneficiarse las mujeres, supone hacia la igualdad de género”.
Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación tendrán que acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año.
No será necesario contar con un permiso legal de residencia en España. Actualmente, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo.
Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años. No obstante, las unidades familiares encabezadas por personas de entre 18 y 24 años deberán llevar una vida independiente de su familia de origen desde al menos dos años y también un año de cotización a la Seguridad Social.
Las personas solicitantes mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos y reciban una pensión no contributiva por jubilación tendrán una deducción fiscal, de tal manera que percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares perceptoras de la renta garantizada, pudiéndose hacer efectivo mediante el pago anticipado mes a mes.
Cuando más de una unidad familiar conviva en un mismo domicilio, cada una de ellas recibirá la renta garantizada. Hasta ahora, independientemente del número de familias que compartieran domicilio, solo se percibía una renta y media.
El proyecto de Ley incluye una nueva escala de cuantías económicas, que supone una mejora para aquellas familias con dos o más miembros. Las cuantías oscilarán desde los 600 hasta los 1.200 euros. Actualmente varían entre los 655,20 y los 982,90 euros.
Por último, se elimina el tope máximo de 36 meses para percibir esta prestación, de tal modo que si agotado este periodo persiste la situación de necesidad, se podrá prorrogar la renta por periodos sucesivos de 12 meses. Actualmente, si una familia percibe la renta de inclusión social durante 36 meses, debe estar luego un año sin cobrarla.
En el caso de que una unidad familiar haya sido perceptora de la renta garantizada durante dos años, desde las administraciones públicas se le deberá ofrecer, y una de las personas beneficiarias aceptar, un empleo social protegido u otra opción de trabajo y/o formación.
Además, durante el primer año, las personas beneficiarias que encuentren un trabajo por un tiempo superior al mes no verán contabilizados los primeros 300 euros de su salario en el recálculo de la renta garantizada que reciban. A partir de esa cantidad, se descontará cierta cantidad en la prestación, según una escala, de tal manera que el máximo a percibir por empleo y renta garantizada serían 970 euros al mes, tomando como ejemplo el caso de una unidad familiar de un solo miembro.
Finalmente, en el tercer año y una vez evaluados los incentivos al empleo, se establecerán una serie de beneficios fiscales para aquellas personas con bajos ingresos, pero que no pueden acceder a la renta garantizada por superar el umbral de renta previsto.
El proyecto de ley foral establece que en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se elaborará un nuevo plan estratégico de inclusión social, de tal manera que se refuercen las políticas públicas en esta materia.
