‘Gabinete negro’ era el nombre que recibía, principalmente durante los siglos XVII y XVIII, la sección de espionaje de los estados europeos encargada de leer la correspondencia enviada a través del servicio postal.
Uno de los más famosos fue, por eso de la eficiencia germánica, el del Imperio austrohúngaro, que recibía, abría, copiaba y volvía a cerrar en tan solo tres horas cada carta que el servicio de correos transportaba en el territorio imperial.
Nacidos originalmente como medio para defender al estado de las asechanzas de potencias enemigas – espiando las comunicaciones de los posibles agentes extranjeros -, los gabinetes negros se convirtieron pronto en una manera de espiar y controlar a cualquier súbdito potencialmente peligroso y, al final, a todos los súbditos.
Hoy en día, la expresión ha caído en desuso, pero los gabinetes negros siguen operando. En formas más sofisticadas, eso sí. Todos Vds han oído hablar del famoso sistema Sitel, con el que los servicios de inteligencia españoles (CNI, Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil, Policía) pueden interceptar cualquier comunicación telefónica o telemática. En teoría, bajo control judicial; en la práctica, sin restricción alguna. Y España no es ninguna excepción. En casi todos los países occidentales operan servicios similares, destinados en teoría a luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, pero que pronto se convierten en una manera de controlar a todos los ciudadanos potencialmente peligrosos y, al final, a todos los ciudadanos.
La única defensa efectiva frente al espionaje masivo de nuestras comunicaciones es, curiosamente, el volumen creciente de estas. Los estados no pueden espiar absolutamente todas nuestras comunicaciones por la pura y simple razón de que no existen potencia de almacenamiento ni potencia de procesamiento suficientes. Desde el año 2007, la información digital transmitida en todo el mundo supera a la capacidad de almacenamiento existente a nivel mundial, y cada vez en mayor medida. Por eso, los sistemas de espionaje actuales se centran cada vez más en búsquedas selectivas y en determinados grupos de población a los que se considera de mayor riesgo. Si se les ocurre a Vds. escribir a un amigo un correo electrónico – o un SMS, o un WhatsApp – que diga “Mohamed, la fiesta de ayer fue la bomba”, tengan por seguro que algún sistema automatizado les pondrá inmediatamente en una lista de sujetos a vigilar y cuyas comunicaciones se consideran suficientemente relevantes como para almacenarlas.
Además del atentado contra la intimidad y la libertad que estos sistemas representan, la información que los estados obtienen al espiar las comunicaciones de sus ciudadanos pronto se convierte en una herramienta de potencial chantaje que puede representar una seria amenaza para el propio orden democrático.
En la Austria imperial, el gabinete negro solía hacer negocio revendiendo a potencias extranjeras información de interés interceptada en la correspondencia de los súbditos. En la Europa Occidental de hoy en día, los sistemas de intercepción de comunicaciones ponen en manos de los gobernantes, o de elementos incontrolados de los propios servicios de información, datos sobre rivales políticos, sobre empresarios, sobre gente del mundo de la comunicación… que puede utilizarse para arruinar carreras políticas, para conseguir lealtades perrunas o para generar titulares en momentos clave de una contienda electoral.
Les dejo una pregunta para la reflexión: ¿cuántos de los escándalos de corrupción que han saltado a los medios en los últimos años han sido filtrados desde instancias gubernamentales o desde nuestros propios servicios de inteligencia, con el claro propósito de anular a tal o cual sector de tal o cual partido?
Luis del Pino, Director de Sin Complejos en esRadio, autor de Los enigmas del 11-M y 11-M Golpe de régimen, entre otros. Analista de Libertad Digital.
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