La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado hoy que tras la constitución de las Cortes que surjan de las elecciones del 26 de junio, los representantes políticos deberían «inmediatamente ser capaces de dotar a este país de un gobierno investido».
Con estas palabras ha respondido la vicepresidenta una pregunta sobre las negociaciones y conversaciones que habrá entre los partidos en cuanto se celebren los comicios de junio.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha destacado que la formación de gobierno es el «objetivo» del presidente del PP y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, así como -«imagino», ha dicho- del resto de los partidos. «Nadie lo entendería de otra forma», ha apostillado.
Para que culmine con éxito ese objetivo, los líderes y las formaciones políticas tiene que aparcar «las dificultades» desde el primer momento, y en su lugar, marcar objetivos comunes.
Ha expresado su deseo de que sea ésa la actitud después de las elecciones, aunque acto seguido ha reprochado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, persista en algunos vetos.
«Si Sánchez ha decidido seguir con el «no es no» también en esta campaña, es algo que valorarán los españoles», ha añadido.
Según sus declaraciones, si algún balance puede extraerse de este periodo sin que se haya podido formar gobierno, es la visión que los españoles se habrán hecho de cada partido.
Así, la vicepresidenta ha afirmado que este tiempo «ha servido para que cada uno sepa dónde está cada cuál, porque aquí cada uno se ha retratado y los españoles ahora sabrán si coinciden con la imagen que tenían antes del 20 de diciembre».
«No hubiera gustado -ha señalado en respuesta a otra pregunta de la rueda de prensa- que no hubiera sido una legislatura breve y que hubiéramos podido llegar a un acuerdo con el PSOE, pero no ha podido ser».
En este contexto, ha valorado Sáenz de Santamaría el trabajo del Gobierno en funciones y la importancia de que los Presupuestos Generales del Estado de este año se hubieran aprobado a finales de 2015, básicamente porque han incidido en la «normalidad institucional» y en la «estabilidad» del país.
«Fíjense sin esa ley los problemas a los que se enfrentarían las instituciones y muchos españoles», ha ilustrado antes de hacer hincapié en datos como los del paro en abril, que descendió en más de 23.500 personas. EFE/NAVARRA INFORMACIÓN
