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OPINIÓN: ¿Es consciente el Sistema Judicial español del daño causado a nuestro país con las sentencias a las fotovoltaicas?

Esta semana pasada hemos conocido que el Tribunal Supremo ha fallado las primeras sentencias contra la reforma eléctrica del PP y, como cabía esperar, han saltado chispas.

Desde el punto de vista de la ciudadanía normal, entendemos que NO, porque primero existe la ciudadanía, después para organizarse, se van configurando, representantes en ayuntamientos, Gobiernos, y Justicia, que son los que deberían velar por la ciudadanía, ya que a la vista está que los Gobiernos hacen y deshacen a su antojo, si medir el daño que pueden producir a la ciudadanía, en muchos casos, entre ellos el de los pequeños productores fotovoltaicos, que se nos propuso por parte de los Gobiernos y entidades financieras,  realizar una inversiones en nuestro país con unas condiciones publicadas en el BOE con la firma de su majestad el Rey, avalado por el Estado como así se decía en su día.

En base a esa LEY, publicada en el Boletín Oficial de Estafas, nos están aplicando a los pequeños productores Fotovoltaicos, ya que han legislado con RETROACTIVIDAD y aplicando la INSEGURIDAD JURíDICA, la  causa efecto es,  penalizar y deja en situaciones muy malas a los que hemos creído en el BOE, el Estado, el Rey y entidades financieras.

Pero la cruda realidad es que nos han engañado, humillado y extorsionado, los Gobiernos de España, despues de cinco años, comienzan a salir sentencias favorables al Gobierno, en la que ratifican los magistrados, entonces se pregunta uno estaba equivocado, o que es realmente lo que está pasando, porque si hubiéramos sabido, esto el primer dia no hubiéramos invertido.

Cuando uno hace una inversión en base a unas condiciones publicadas en el BOE , creo yo que lo entiende todo el mundo, que es para que las partes cumplan con lo publicado en el BOE como Real Decreto Ley, y en base a esto cada uno hace su valoración y toma la decision.

Si los magistrados avalan que una vez realizada la inversión en base a la LEY, después te cambian la LEY, y no te dan ningún tipo de compensación por este despropósito del Gobierno, ¿creen de verdad los magistrados ? que  se GARANTIZA A LA CIUDADANÍA que se respeta la Ley, por la que tomaron la decisión de invertir, creen los magistrados  que es de JUSTICIA, que no se compense por el daño y perjuicio que le supone el cambio legislativo de los Gobiernos, creen los magistrados que es de justicia dejar en esta situación a 62.000 familias en nuestro país, que confiaron en el BOE y la justicia, saben los magistrados que esto no pasa en ningún país de la Unión Europea.

Creen los magistrados  que dictando este tipo de sentencias, ¿en España va invertir alguien?, para que después de hacer la inversión, les digan desde el sistema judicial, que ahora cambiamos la Ley, y todo le cuesta entre un 30% y un % 50% mas, creen de VERDAD que esto es de JUSTICIA para nuestro país.

Desde mi punto de vista NO, y con resoluciones como la presente, están PERJUDICANDO GRAVEMENTE A NUESTRO PAÍS, cosa que no es de extrañar, después de leer el el último informe sobre indicadores de la justicia en la UE, publicado este mes de abril por la Comisión Europea, los españoles tienen una opinión «muy mala» o «mala» del sistema judicial español, una dato que sitúa al Estado español en los últimos lugares de confianza en la justicia de Europa, puesto 23 de 28, (principalmente, debido a la PRESIÓN DE LOS GOBIERNOS O POLÍTICOS), en el que yo comparto este informe, a la vista de lo que están haciendo con los productores de Fotovoltaica, que hemos hecho, es cumplir la LEY, y por cumplir la Ley, nos quieren llevar a la ruina, aunque hay discrepancia entre los magistrados  comienzan a ratificar por 4 a 3 magistrados, que vayamos a la ruina, ¿creen los magistrados que así generan confianza en nuestro país, lo que se considera en derecho como LEY FUNDAMENTAL PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA? con estas sentencia desde mi punto de vista en nuestro país no se dan la CONFIANZA NECESARIA, y una cosa es que no de fie nadie del Gobierno, que eso esta siendo normal, pero que los magistrados dicten sentencias a favor de la INSEGURIDAD JURÍDICA, esto supone un daño incalculable para la ciudadanía de nuestro país.

Razón y justicia, desgraciadamente, no siempre van de la mano. Por fortuna, la primera es capaz de sobrevivir a la segunda, mientras que por mucho que se repita una injusticia, nunca acaba por superar a la razón. Confiamos en que TJUE den la SEGURIDAD JURÍDICA, la CONFIANZA y la luz, al oscuro territorio eléctrico, para que aquellos términos puedan volver a aparecer en una misma frase sin que a nadie le cause sonrojo.

De un total de siete magistrados que tenían que enjuiciar la más delirante novela negra que a un gobierno se le haya ocurrido escribir sobre el tema eléctrico, cuatro decidieron ponerse de perfil con argumentos que oscilaban alrededor del interés general que se supone defendían los representantes del Gobierno, y otros tres, decidieron, valientemente, afirmar que  había sido de tal magnitud, que hacía saltar por los aires el significado del derecho, de la seguridad jurídica y de la confianza de los ciudadanos en el Estado.

En mi opinión, se trata de una decisión muy desafortunada. Primero, porque el Tribunal Supremo no es quién para interpretar una Directiva y crear ex novo justificaciones a restricciones de derechos garantizados por el Derecho Europeo, como es la prioridad de despacho. Y segundo, porque no le corresponde al Supremo entrar en consideraciones de política energética y otro tipo de valoraciones políticas sobre lo acertado o no de la Directiva.

Por todo ello, es necesario RESTABLECER LA SEGURIDAD JURÍDICA, para que nuestro país recupere la CONFIANZA NECESARIA, que nosotros tenemos la esperanza en el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, el TJUE es el garante de la interpretación uniforme del Derecho Europeo.

Juan Antonio Cabrero, delegado de Anpier

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