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El Ayuntamiento de Barcelona negocia la compra del ‘banco expropiado’

El Ayuntamiento de Barcelona negocia la compra del ‘banco expropiado’

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Laia Ortiz ha anunciado hoy que el consistorio está negociando con la propiedad del ‘banco expropiado’ comprar el local a un «precio razonable».

En una tertulia de portavoces municipales en BTV, Ortiz ha explicado que ayer hubo una reunión con el propietario, «porque él -ha dicho- ha de formar parte de la solución, ya que el conflicto tiene su origen en un inmueble de su propiedad», y ha reconocido que se ha planteado la compra del local para garantizar el mantenimiento de este espacio.

Ortiz ha subrayado que la línea roja que no traspasará el Ayuntamiento de Barcelona será la «de contribuir al enriquecimiento ilícito del propietario, que compró el local a precio de saldo», y la de «facilitar la especulación con dinero público».

La teniente de alcalde ha insistido en que sea la que sea la salida al conflicto en Gràcia ha de estar «avalada por todo el mundo».

El portavoz de CiU, Joaquim Forn, ha considerado una «contradicción del gobierno» haber dicho que no soportaba el alquiler de 66.500 euros que acordó con la propiedad el anterior equipo de gobierno de Xavier Trias y estar dispuesto a pagar entre 800.000 euros y un millón, que es el precio de venta que pide el propietario, una cifra que Ortiz no ha confirmado.

El portavoz de Ciutadans, Paco Sierra, ha rechazado la compra del local, «porque -ha dicho- no podemos volver a bajarnos los pantalones y ceder al chantaje», como sucedió en Can Vies.

En la misma línea, Jordi Coronas, de ERC, ha considerado errónea la decisión de comprar el local, porque para realizar actividades ciudadanas ya existen los centros cívicos, y sería «dar la razón a aquellos que reivindican con violencia», mientras que otras entidades del distrito hace años que esperan pacientemente un local.

La portavoz del PP, Ángeles Esteller, ha acusado al gobierno municipal de «estar cediendo al chantaje» y ha considerado «intolerable» comprar con dinero público un local «para entregarlo a los okupas».

La portavoz de la CUP, Maria Rovira, ha señalado que es fundamental que los «compañeros del ‘banco expropiado'» intervengan en la solución del conflicto y ha asegurado que volverán a ocuparlo porque esta ocupación «se ha de vivir como una reivindicación política en un marco de conflictividad social».

Por su parte, Carmen Andrés, la portavoz del PSC, grupo que forma parte del gobierno municipal desde la semana pasada, ha considerado que la solución para este espacio «está visto que no es el alquiler, y comprar tampoco es probablemente la solución», pero hay que «sentarse y ver qué hacemos», ha señalado, para resolver la situación y evitar «hechos y actos violentos». EFE

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