El líder de los delegados de la guerrilla de las FARC Luciano Marín, alias "Iván Márquez” (c), lee un comunicado junto a los comandantes Ricardo Telles (i) y Pablo Catatumbo (d), el 8 de febrero de 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. EFE/Archivo
El abogado español Enrique Santiago, que asesora a las FARC en el proceso de paz que esa guerrilla mantiene con el Gobierno colombiano, afirmó hoy que el acuerdo final se puede firmar el próximo junio si «no se pierde tiempo en discusiones innecesarias» sobre los dos puntos que faltan por concretar.
«La firma del acuerdo de paz no podrá ser más tarde del primer semestre de este año. Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para abordar los temas pendientes y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos, incluido el acuerdo final», declaró Santiago en una entrevista al diario El Tiempo.
El asesor explicó que los puntos restantes, que engloban el desarme y desmovilización de los guerrilleros y el alto el fuego bilateral y definitivo, entre otros aspectos, «son muy delicados», pero subrayó que con trabajo intenso el acuerdo final puede lograrse en tres meses o menos.
«No hay que ponerse nerviosos, no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que vayan desatándose en este contexto; lo importante es no perder tiempo, trabajar intensamente los temas pendientes y conseguir una mayor implicación en estos meses que quedan», comentó.
Dentro de los apartados pendientes Santiago destacó como especialmente complejas las «garantías de seguridad» y las «políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo» solicitadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ven en este fenómeno una amenaza a su vida una vez dejen las armas.
Un «segundo problema» tiene que ver con las zonas de concentración en las que la guerrilla se desarmará, cuyo número y localización están por definir.
Según Santiago, el Gobierno colombiano «pretende asimilar estas zonas campamentarias a centros de reclusión, es decir, que propone lugares cerrados donde no se pueda entrar ni salir y donde no pueda haber ningún tipo de contacto de los guerrilleros con la población civil», algo que, a su juicio, es «contradictorio» y «absurdo».
«Es absurdo que una fuerza guerrillera que ha mantenido relación con la población civil, históricamente, y que esa relación ha sido su principal sustento y apoyo en estos 50 años de conflicto, cuando en este momento además quiere desaparecer como fuerza guerrillera y convertirse en fuerza política, pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil», consideró.
Con respecto a la definición de un plazo para la dejación de armas, el escollo que impidió a las partes firmar la paz el pasado 23 de marzo, como acordaron seis meses antes, el asesor dijo que ese proceso podría finalizar a finales de este año o principios de 2017.
«Si hay compromiso y seriedad por parte del Gobierno de poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de combate eficaz al paramilitarismo, ese proceso de dejación de armas podría estar concluido a finales de este año o en los primeros días del 2017».
Desde ese momento, agregó, «las FARC deberían estar en condiciones de concurrir a la normal confrontación política y electoral».
El Gobierno colombiano y las FARC negocian desde hace más de tres y medio en La Habana para poner fin al conflicto armado que, en el último medio siglo, ha dejado casi siete millones de víctimas en el país. EFE
