Un momento de un anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por el Ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro. EFE/Archivo
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, encara una intensa semana en la que tendrá que lidiar con comunidades y ayuntamientos para recabar su colaboración en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, tras el motín autonómico de las últimas semanas.
Montoro llega a la cita con las comunidades, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo jueves con un balón de oxígeno: la ampliación del objetivo de déficit autonómico para este año, que pasa del 0,3 al 0,7 %.
La cifra se recoge dentro de la nueva senda de consolidación fiscal que el Gobierno incluirá en el Programa de Estabilidad que se comunicará a Bruselas y que sube el techo de déficit público al 3,6 %.
Un cambio que supone que las comunidades tendrán que recortar en conjunto unos 4.500 millones de euros menos.
Aunque las autonomías se han sentido aliviadas por la suavización del déficit, muchas de ellas esperan todavía mayor flexibilidad, dados los servicios que tienen, y reclaman también una mejora de la financiación.
Otro de los asuntos espinosos que estará sobre la mesa del CPFF es el ajuste presupuestario que Hacienda reclamó para solventar el exceso de déficit con el que catorce comunidades cerraron el año pasado, que acabaron de media el 2015 con un 1,66 % de déficit, cuando el previsto era del 0,7 %.
Sólo Canarias, Galicia y País Vasco se atuvieron a ese objetivo, mientras que, entre las incumplidoras, Cataluña fue la que tuvo un mayor agujero, de más de 5.500 millones, al cerrar el déficit en el 2,7 %.
En principio, Montoro dio quince días por carta a las incumplidoras para que aprobaran en sus respectivos consejos de gobierno acuerdos de no disponibilidad, pero ese plazo se ha ampliado un mes ante la respuesta airada de la mayor parte de los gobiernos autonómicos, incluidos los del PP, y tras la revisión del objetivo de déficit para este año.
Para ello, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enviado nuevas misivas a esas comunidades, en las que se les da un mes para presentar planes económico-financieros que permitan corregir el desfase en sus cuentas.
En la reunión del CPFF del pasado día 15, que fue deliberativa, el ministro se mostró inflexible con el cumplimiento del techo de déficit y reclamó el compromiso de las comunidades para avanzar en la estabilidad presupuestaria.
Desde esta misma semana, en el ministerio están manteniendo reuniones bilaterales -no siempre en persona, sino que también se hacen por videoconferencia- para negociar el contenido del ajuste y de los planes económico-financieros, poniendo como ejemplo además el ajuste de 2.000 millones anunciado hace unos días por el Gobierno en sus presupuestos.
Así las cosas, según fuentes del departamento de Montoro, las comunidades que no presenten esta semana sus planes de ajuste no cobrarán el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de este mes.
Con los requisitos del FLA también están descontentas las comunidades, que quieren que se mantengan los préstamos al 0 % de interés, y no al 0,834 %, tal y como se prevé.
Y otro previsible caballo de batalla es el abierto con el pago a proveedores y la aplicación, por primera vez, de medidas coercitivas previstas en la legislación en Extremadura y Aragón, las dos comunidades que más demoran el abono de las facturas y a las que Hacienda ha anunciado la retención de tributos.
Pero si se retrasa la llegada del FLA, la dilación en el pago a proveedores se incrementará, han advertido desde esas dos autonomías.
Antes de la nueva cita con las autonomías, el jueves, Montoro reunirá a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el próximo martes.
En este órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la local, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamará que los ayuntamientos puedan emplear el superávit logrado en 2015, que han cuantificado en unos 5.000 millones de euros.
Las administraciones locales cerraron 2015 con un superávit del 0,44 %, porque su objetivo era el 0, el mismo que Hacienda les ha puesto para 2016. EFE
