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Prisión incondicional para los dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc

Prisión incondicional para los dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc

Por varios delitoscomo extorsión, amenazas o pertenencia a organización criminal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional y sin fianza para los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, detenidos el viernes acusados de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar acusaciones.

Pedraz también ha tomado declaración a tres arrestados más, a los que ha dejado en libertad con comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Se trata de tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, y el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas.

Con el envío a la cárcel de ambos gestores, el magistrado pone fin a una operación que comenzó el pasado viernes con la detención de más de una decena de personas y el registro de la sede de ambas asociaciones. Desde ese momento, y tras prestar declaración, el resto de detenidos fueron puestos en libertad progresivamente, salvo Bernard y Pineda, que no han pasado a disposición judicial hasta este mismo lunes.

En las escasas declaraciones que han realizado ante los medios de comunicación, a su llegada y salida a los diferentes registros, ambos aseguraron estar tranquilos y «colaborando» con los agentes.

Chantaje por demandas

Tras conocerse la detención de los responsables de ambas asociaciones, uno de los primeros en admitir la extorsión fue el equipo de abogados que sostienen la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.

Según sus letrados, Manos Limpias (la única que sostiene la acusación que ha sentado a la infanta en el banquillo), les pidió una importante cantidad, que algunas fuentes elevan a los tres millones de euros, por no llevarla a jucio.

También se vinculó al escándalo a Unicaja, que presuntamente pagó casi medio millón de euros para que retiraran la acusación de su presidente en el caso de los ERE andaluces, aunque después negó haber realizado «pago alguno». EFE/Navarra Información

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1 Comentario

  1. Alberto

    El problema de todo esto, es que la fiscalía se puso a defender a la infanta, la abogacía del estado también se puso a defender a la infanta, algo inédito en España y a nivel mundial, Hacienda hizo informes para favorecer a la infanta e incluso el presidente del gobierno en declaraciones públicas defendió a la infanta. Con todos los estamentos públicos en defensa de una infanta, es muy difícil tener acusación. Nunca en la historia judicial española ha sucedido algo así. Da la sensación que quienes la acusan son los culpables de llevarse la pasta. Surrealismo total. Somos el hazme reír.

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