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Víctimas de ETA apoyan un manifiesto contra la tortura

Una veintena de personas, entre las que figuran políticos, juristas, filósofos y víctimas de la violencia de ETA, han suscrito un manifiesto en contra de la tortura.
El manifiesto ha sido dado a conocer este sábado en Pamplona por los miembros de Ekin en Navarra que se enfrentaban a una pena de 10 años de cárcel por ser de ETA y que esta semana han eludido su ingreso en prisión al conformarse con una pena de 2 años al llegar a un acuerdo con el fiscal y comprometerse a renunciar a la violencia.
En ese acto, según informan en un comunicado, han denunciado además las torturas que han padecido y han valorado el acuerdo alcanzado porque “sirve para avanzar” y evitar un nuevo ingreso en prisión, pero que, en su opinión, es “injusto”, ya que han sido “juzgados por sus ideas”, por ser “militantes independentistas”.
Han exigido el “fin de los juicios políticos y de las leyes de excepción” y han abogado por trabajar por “un relato integral de lo que ha sucedido estas décadas”, un relato que “integre todas y cada una de las vulneraciones de derechos humanos, también las cometidas por el Estado y las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, y Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaina Joseba Goikoetxea firman el manifiesto junto con la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el presidente de la Federación del colegio de abogados de Europa, Nazario Olega, o la exvocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria.
El músico Lluis Llach, el actor Sergi López y el escritor Suso del Toro figuran también, junto con representantes de diferentes formaciones políticas y sindicales, entre los firmantes del escrito.
Todos ellos exigen “eliminar el régimen de incomunicación que posibilita la práctica de la tortura” y piden el “establecimiento de mecanismos para hacer imposible la práctica de la misma”.
Además demandan el “cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de las Naciones Unidas que el España suscribió y publicó en el BOE en 1987.
Los enjuiciados consideran que este texto representa un “paso a nivel estatal” y destacan su valor en cuanto que “víctimas de diferentes violencias reconocen una realidad que el Estado niega, la tortura”.

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