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El proceso contra Dilma Rousseff profundiza la fractura de Brasil

El simbólico “muro” levantado en el corazón de Basilia para evitar enfrentamientos entre los partidarios de Dilma Rousseff y sus detractores refleja con claridad la fractura social del país ante el proceso destituyente que amenaza a la presidenta.

Una valla levantada en la Explanada de los Ministerios de la capital brasileña, de alrededor de un kilómetro de longitud y unos 3 metros de altura, separará las multitudinarias movilizaciones convocadas por simpatizantes y detractores de Rousseff para mañana, cuando el pleno de la Cámara Baja vote si aprueba avanzar en el proceso de destitución de la presidenta.

Un fuerte dispositivo policial se ocupará de la seguridad para evitar incidentes frente al Congreso.

Las medidas de seguridad se repetirán en las principales ciudades del país, donde también se esperan movilizaciones masivas, en especial en Sao Paulo y en Río de Janeiro, en medio de un clima de tensión.

En las últimas semanas, las manifestaciones en la calle se han convertido en una expresión de la profunda fractura de la sociedad brasileña.

De un lado, los “coxinhas”, apelativo de origen despectivo que define a los defensores de la destitución de la presidenta, acorralada y con la popularidad más baja de un mandatario desde la dictadura, han tomado el amarillo y el verde -los colores de la bandera nacional- como un símbolo y que reclaman la retirada inmediata Rousseff.

Entre sus argumentos, no solo el maquillaje de las cuentas públicas de 2014 y 2015 en que se basa el proceso de juicio político contra la mandataria, sino la crisis económica que ha sumido al gigante suramericano en un bache del que le resultará difícil salir.

Que se resume en un desplome del crecimiento y un aumento del desempleo y de la deuda, agravado por el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas en la que era considerada “joya de la corona” del país, la petrolera estatal Petrobras.

De otro, los partidarios de Rousseff y de su antecesor y mentor político, Luiz Inacio Lula da Silva, a los que se denomina de forma despectiva “petralhas”.

Se abrazan el rojo que distingue al Partido de los Trabajadores (PT), acusan a la oposición de golpista y temen un giro a la derecha si cae la presidenta y la pérdida de programas sociales y subsidios que benefician casi a un 20 por ciento de la población.

Dos movimientos muy parejos -según las últimas encuestas el 60 % de los brasileños estaría a favor de la salida de la presidenta- que parecen dispuestos a mantener su reclamo en la calle, donde también se abre paso un colectivo que reclama una depuración en el sistema político al grito de “fuera todos”.

“Hay sin duda una crisis de credibilidad en las instituciones”, sostiene el analista Juan Soldano, que subraya la importancia de la crisis económica como telón de fondo del caos político que vive el país.

“A caballo de la bonanza económica, el Partido de los Trabajadores benefició a millones de familias a través de programas sociales. Hoy, parte de esa gente, que no vive necesariamente del Estado, siente que está perdiendo poder adquisitivo y empiezan a operar también contra el Gobierno, sumándose a la oposición a Rousseff de buena parte de la clase media y alta”, explica a Efe.

La fractura del país, continúa, es también geográfica: El sur, más rico, apoya mayoritariamente la destitución de la presidenta, mientras el norte y el noreste, donde se concentran las regiones más empobrecidas y castigadas, pero también las más favorecidas por los programas gubernamentales, defiende a Rousseff y a su mentor político, Lula.

Con independencia del resultado del proceso de “impeachment”, apunta a Efe el especialista Manuel Sanches, “una buena parte de la sociedad brasileña quedará frustrada, ya sea la mitad que apoya a Rousseff o la que está en contra”

“Existe un riesgo de fractura. Veo que hasta las elecciones municipales de octubre o, incluso un poco más allá, hasta las presidenciales de 2018, la sociedad brasileña va a presentar una división muy clara”, añade este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

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