Alrededor de 170 cargos electos y técnicos municipales han participado este viernes en una jornada sobre el cumplimiento de la normativa de transparencia por parte de las entidades locales, organizada por el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
La jornada, celebrada en el salón de actos del Museo de Navarra, asistió consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, y por el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona.
El principal objetivo de esta actividad ha sido informar de las obligaciones que tienen las entidades locales desde el pasado mes de diciembre según la Ley de Transparencia, de carácter estatal. Asimismo, con esta iniciativa se pretende que la ciudadanía tenga un mejor acceso a la información pública y, de esa manera, pueda participar activamente en los asuntos públicos.
La intención final del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos es hacer de la transparencia “no solo un derecho, sino también un compromiso permanente de la participación en la gestión pública”.
Información pública, buenas prácticas y Gobierno Abierto
Durante la jornada, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, Martín Mª Razquin, ha explicado las obligaciones de transparencia que tienen las entidades locales y el derecho de acceso a la información pública que asiste a la ciudadanía.
Entre las principales obligaciones se encuentra la publicación periódica en internet de aquella información relevante para garantizar la transparencia de la actividad de las entidades locales relacionada con el funcionamiento y el control de su actuación pública. Por ejemplo los contratos y convenios suscritos, las subvenciones y ayudas concedidas, o los presupuestos y cuentas anuales. También se deben establecer instrumentos de evaluación e indicadores sobre el grado de cumplimiento de planes y programas, y sus resultados. Además, la ciudadanía tiene derecho de acceder a la información pública sin acreditar un interés o tener que motivar su petición, que deberá ser resuelta en el plazo de un mes, o de dos si es muy compleja la demanda formulada.
