El juez instructor del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha decretado hoy el embargo de la renta que recibe el exvicepresidente del Gobierno por el alquiler de un local a un supermercado, en la localidad madrileña de Alcorcón.
Según han confirmado fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha adoptado dicha medida que afecta al local propiedad de la mercantil Paracuga SL -alquilado a Mercadona-, administrada por el presidente en España de Lazard, Jaime Castellanos, el directivo Pedro Pasquín y el mismo Rato.
Serrano-Arnal también ha acordado prorrogar un mes más el secreto sumarial en la pieza separada que investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de Rato, después de que, el pasado 3 de marzo, incluyese un posible delito de administración desleal, que se suma a las sospechas por presunta corrupción entre particulares y blanqueo como denuncia Hacienda en su informe.
Según el fisco, Rato habría cometido hasta nueve delitos -dos de ellos, ya prescritos- de fraude entre los ejercicios 2008 y 2014 a través de la «sociedad opaca» Kradonara 2001, epicentro de su red empresarial.
Además, la oficina antifraude alerta acerca de los movimientos invisibles de divisas de la sociedad con Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo por valor de casi 7 millones de euros.
Entre las operaciones señaladas por la Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) está aquella relacionada con la campaña publicitaria del debut bursátil de Bankia, finalmente concedida a Zenith y Publicis que, a pesar de pedir «un precio desorbitado» por sus servicios, fue la adjudicataria del contrato, tras el sospechoso pago de dos millones de euros a Alberto Portuondo, entonces asesor tanto de la entidad bancaria como de ambas empresas.
Según intuye el fisco, parte de esa suma, unos 835.000 euros, habrían acabado en la «sociedad opaca del señor Rato», unos ingresos «no tributados correctamente» que ocasionan un fraude de cerca 280.000 euros entre 2011 y 2012.
El grueso de la acusación se centra en la relación entre Kradonara, la panameña Westcastle y la mercantil Red Rose -posiblemente de Bahamas-, estas últimas con sede en refugios fiscales, donde Hacienda detecta cinco posibles delitos después de que ni Rato ni ninguna de sus empresas tributasen los movimientos de divisa en este entramado internacional.
De ellos, tan sólo uno, el correspondiente al 2008, ha prescrito; mientras que el resto, sostiene Hacienda, alcanza un perjuicio económico estimado en casi 4,4 millones.
La ONIF también evalúa en su informe la remuneración de Rato como miembro de los consejos asesores de Telefónica en Europa y Latinoamérica, una maniobra con la que el exministro habría dejado de declarar mas de 320.000 euros entre 2013 y 2014, tal y como destaca la Agencia Tributaria en su escrito, contenido en el sumario del caso Rato al que ha tenido acceso Efe.
Otra de las operaciones investigadas es la colaboración de Rato con Bureau Consulting de Conferenciantes, empresa a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a través de Arada, fundada por los 80 y propiedad también de su exmujer y presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó.
En base a dichos pagos, sostiene el informe, el expresidente de Bankia habría cometido dos delitos fiscales, uno ya prescrito del ejercicio 2008 por importe de 206.671 euros, y otro de 2009 por una cantidad que ronda los 165.000.
La ONIF detecta un componente común en todas las operaciones, como los ingresos a la mercantil alemana Bagerpleta GmbH por valor de dos millones de euros destinados, «presumiblemente», a la construcción y explotación del hotel Catalonia Berlin Mitte, en el que el exministro posee una participación del 50 %. EFE
