El PSOE ha presentado hoy en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a extender la protección por maternidad a todas las mujeres que se encuentren inscritas como demandantes de empleo, con independencia de su situación en el mercado de trabajo y de los periodos cotizados.
La cuantía de la prestación económica por maternidad, que tendrá la consideración de no contributiva y cuya duración será de seis semanas a contar desde el nacimiento, será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente, que en la actualidad asciende a 532 euros.
Con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad, Susana Sumelzo, ha considerado que es «imprescindible» apoyar a las mujeres que quieren ser madres y ha argumentado que las que no trabajan son «más vulnerables», por lo que necesitan respaldo para tener un niño.
El PSOE y Ciudadanos han presentado conjuntamente esta iniciativa en el marco del acuerdo firmado entre ambas formaciones, que incluye diversas medidas para favorecer la igualdad, ha explicado Sumelzo, quien ha mostrado su deseo de que el resto de grupos se sumen a la propuesta.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad, Marta Martín, ha detallado que su Grupo ha registrado una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a promover un pacto social, político e institucional contra la violencia machista.
Martín ha indicado que ésta es la primera iniciativa sacada del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos, por considerar que es «urgente combatir esta lacra social que afecta a las mujeres» y con motivo del 8 de marzo.
El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos incluye un apartado específico para reclamar este pacto, con medidas concretas como la ampliación de la definición de violencia de género con el objetivo de incluir todas las formas de violencia contra la mujer y no solamente las que se producen en las relaciones de pareja.
También sugieren al Ejecutivo que dote a los ayuntamientos y las comunidades autónomas de medios suficientes para luchar contra la violencia machista, al tiempo que proponen medidas «novedosas» de acompañamiento judicial de las víctimas que pongan denuncia para evitar que la retiren.
Demandan asimismo un aumento de los recursos para los juzgados especializados, así como la prohibición del indulto para los hombres condenados por estos delitos.
La violencia machista «sigue siendo un problema gravísimo» que merece un tratamiento específico y cuyo origen radica, en parte, en la desigualdad hombres y mujeres, ha apuntado Martín.
Ha reconocido que en los años 2011 y 2012 hubo descenso en el número de víctimas mortales por violencia machista, aunque la tendencia ha repuntado en 2015, con 65 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y once en lo que va de 2016.
