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Argentina investigará por delitos de lesa humanidad a 22 miembros de Batasuna, entre ellos Adolfo Araiz

Argentina investigará por delitos de lesa humanidad a 22 miembros de Batasuna, entre ellos Adolfo Araiz

Admite la querella de Dignidad y Justicia contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de la banda terrorista

Entre los querellados está Adolfo Araiz, portavoz de Bildu en el Parlamento navarro y Rufi Etxeberria; o responsables de ETA como “Iñaki de Rentería”, “Txapote” y “Txeroki”.

Una cámara de apelaciones argentina ha anulado el archivo de la querella presentada por la asociación española Dignidad y Justicia (DyJ) contra 41 personas, miembros de Batasuna o de la banda terrorista ETA, por delitos de lesa humanidad, han informado hoy a Efe fuentes oficiales argentinas.

Tras esta resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba, que el pasado septiembre decidieron archivar la denuncia, deberán volver a estudiarla para determinar nuevamente si se lleva adelante la investigación.

En concreto, la querella tiene por objeto promover ante los tribunales argentinos, por aplicación del principio de jurisdicción universal, la investigación y el juicio a los responsables de los asesinatos de los concejales del Partido Popular José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados en 1997 y 1998, respectivamente, en Gipuzkoa.

 Según se alega, “ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión” del País Vasco “y asesinados ante su negativa”, como parte de la política de persecución de ETA y en particular como consecuencia de la estrategia de “socialización del sufrimiento” implementada “a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) -ligado a ETA- aprobó en 1994 la ‘Ponencia Oldartzen'”. “Todo lo cual -afirman- les otorgaría el carácter de delitos de lesa humanidad”, añade la querella.

Los demandantes remarcan que la Justicia española, a pesar de admitir que los crímenes atribuibles a ETA integran la categoría de lesa humanidad, se niega a perseguir aquellos ocurridos con anterioridad a octubre de 2004, fecha de entrada en vigor de las específicas figuras de lesa humanidad incorporadas al Código Penal español.

Jurisdicción universal

Por ello sostienen que están dadas las condiciones para promover el enjuiciamiento en el país sudamericano de los crímenes hasta esa fecha, en ejercicio de la jurisdicción universal.

“En su momento había dictaminado en contra de la apertura de la investigación señalando que los hechos que estaban pretendiendo introducir en la Justicia argentina habían sido juzgados en la española”, ha explicado a Efe el fiscal Zoni, quien ha señalado que para ello se había basado en información publicada en distintos diarios de España.

En este sentido, el fiscal ha añadido que el tribunal de apelaciones le ha cuestionado las fuentes de la información, por lo que la cámara ha anulado el dictamen y la resolución del juez, que según Zoni, compartía su criterio de archivar la denuncia.

Zoni prevé ahora que un juez de primera instancia le adjudique una nueva intervención para que analice los argumentos de la cámara y determine de nuevo si hay o no elementos para iniciar una investigación.

Asimismo, el representante del Ministerio Público ha indicado que en esta ocasión, en vez de basar su argumentación de que esos hechos ya fueron juzgados en España en base a información periodística, tratará de obtenerla mediante exhortos a distintos tribunales españoles.

Fuentes cercanas al juez Canicoba, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, han señalado que el magistrado cree que el único facultado para impulsar la acción penal es el fiscal, por lo que si éste no la impulsa, “por más que haya un querellante, el juez no tiene otro remedio que desestimar la querella”.

Igual que las víctimas del franquismo acudieron a la justicia argentina, la asociación que preside Daniel Portero hizo lo propio en septiembre. Ambas iniciativas han seguido una trayectoria similar: inicial rechazo del juez instructor por falta de impulso del fiscal, que se oponía a la investigación, y orden de investigarlo por el tribunal superior.

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