Por la querella de estafa presentada por Manos Limpias contra el político relativa a su contrato universitario
El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha pedido al Congreso que certifique la condición de diputado de número dos de Podemos, Íñigo Errejón, por la diligencias abiertas por la querella de estafa presentada por Manos Limpias contra el político relativa a su contrato universitario.
Pese a que fuentes judiciales aseguraron ayer a Efe que el juez se había inhibido a favor del Tribunal Supremo, otras fuentes jurídicas han precisado que «todavía se está en un trámite muy anterior».
En este sentido, han explicado que la instructora sólo ha pedido oficio a la Mesa del Congreso de los Diputados para que certifique su condición de diputado y que posteriormente se dará traslado nuevamente al fiscal para continuar con las diligencias.
Debido a ello, todavía no se puede determinar si la juez se inhibirá a favor del Supremo ya que podría incluso archivar las diligencias si no las considerara constitutivas de delito.
La Universidad de Málaga abrió un expediente a Errejón -secretario de Política de Podemos- para determinar si incumplió su obligación laboral cuando participaba en un proyecto investigador y si vulneró la Ley de Incompatibilidades.
A raíz de ello, la institución académica estableció el pasado año una propuesta al objeto de sancionarle con la inhabilitación para realizar trabajos de investigación tras rechazar sus alegaciones.
Aquel proyecto investigador lo dirigía como profesor de Economía Aplicada de la Universidad el ahora diputado y dirigente de Podemos Alberto Montero, al que también se le abrió expediente disciplinario y para el que se propuso un apercibimiento por falta leve.
En el caso de Errejón se planteó la inhabilitación para trabajar en la Universidad de Málaga en proyectos investigadores de similares características al que motivó el expediente.
El instructor del expediente argumentó que Íñigo Errejón cometió dos «faltas disciplinarias» por «no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas» establecidas en su contrato y «no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia».
El contrato de Íñigo Errejón con la Universidad era para el estudio «La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda» financiado por la Junta andaluza y se estipuló un sueldo de 1.825 euros al mes por 40 horas semanales.
Fue suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por incumplir ese contrato como investigador externo tras la apertura del expediente a finales del 2014.
Para su puesto se fijó un perfil que exigía ser doctor en Ciencias Políticas y a la convocatoria únicamente concurrió Errejón, que ganó el contrato en marzo del 2014.
