El gobierno de la Generalidad catalana ha acordado hoy cambiar el nombre de la consejería de Exteriores, que capitanea Raül Romeva, para así esquivar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de un recurso presentado por el Gobierno central.
Tras la reunión de hoy del Govern, Romeva ha explicado que el departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia pasa a llamarse departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia.
Se trata, según Romeva, de una «modificación menor para mantener intactas» las funciones de la consejería, sorteando el «debate semántico» con el que se quería «desviar» la atención.
Romeva, no obstante, ha asegurado que él seguirá presentándose oficialmente como «conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia».
Después de que el presidente de la Generalidad , Carles Puigdemont, anunciara días atrás que no borrarían con «típex» el cargo de Romeva de su tarjeta de visita, el consejero ha insistido en quitar hierro al cambio de nombre del departamento: «No hay típex».
«A efectos prácticos, sigo siendo el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. El departamento seguirá haciendo las funciones que estaba haciendo», ha subrayado.
Hoy mismo, el Gobierno catalán ha presentado las alegaciones al requerimiento que le había formulado el TC al plantear «un supuesto conflicto de competencias», que la Generalidad niega que exista.
Para Romeva, «no hay base jurídica que pueda sustentar» la suspensión cautelar de determinados aspectos de su consellería, por lo que el Govern ha pedido su levantamiento.
El consejero ha calificado de «absurdo» el razonamiento que ha conducido a esta suspensión cautelar y ha remarcado la «necesidad y el imperativo legal» que tiene el Gobierno catalán para cumplir el «mandato democrático» de las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre y para desarrollar sus competencias en acción exterior.
Romeva se ha mostrado crítico con un TC que ha definido como un «órgano jurídicamente muy cuestionable» y que «se ha convertido en un instrumento político», a través del cual el Gobierno del PP intenta «frenar» el proceso soberanista.
«Este tipo de argucias no nos detendrán. Estemos dispuestos a llegar hasta el final. Tenemos un mandato democrático y un amparo legal que nos lo permite hacer», ha recalcado.
Por otra parte, el consejero ha comentado que cuenta con el expresidente de la Generalidad Artur Mas como una «voz absolutamente válida» para explicar en el exterior «dónde estamos y a dónde queremos ir».
