Las comparaciones se dicen son odiosas, pero, a veces, hay que hacerlas.
Estos días el Gobierno de Navarra nacionalista de la señora Barcos, se ha negado a suscribir el convenio que los trabajadores de la Universidad de Navarra y los de la CUN tenían con la propia Clínica Universitaria para su asistencia sanitaria, por la que el Servicio Navarro de Salud se «libraba» de dichos trabajadores, que no engrosaban sus ya, de por si, elevadas listas de espera.
La no renovación de dicho convenio se ha debido, según ha dicho el gobierno, a que supone mayor gasto que el que los trabajadores sean atendidos por la Seguridad Social.
Hoy asistimos a que una de las constructoras del mega proyecto, de tintes faraónicos llamado Navarra Arena, reclama al Gobierno de Navarra actual cantidades de dinero en concepto de obras realizadas y modificación en 2011 por el gobierno de la entonces presidenta Yolanda Barcina de UPN.
Las cantidades curiosamente son similares entre las que el gobierno dice va ahorrar con la no renovación del convenio con la CUN y lo que se le reclama por parte de la constructora del Navarra Arena.
Y aquí viene la comparación, seguramente, el gobierno pagará a la constructora, tan ricamente, por un proyecto de nulo interés social puesto que está cerrado y sin visos de cuando podrá abrirse y se negará a renovar un convenio de gran interés social y que afecta a miles de personas directamente, y afecta, también, al propio funcionamiento del Servicio Navarro de Salud.
Los gobiernos deberían ser más ecuánimes en sus decisiones y no sectarios, castigando a unos. El que gobierna lo hace para todos y no solo para quien le interesa.
