El Gobierno también recurrirá la comisión de estudios del Proceso Constituyente
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo va a recurrir la Consejería de Exteriores del nuevo Gobierno catalán, así como la Comisión de Estudios. No recurrirán en cambio la toma de posesión del nuevo presidente autonómico, Carles Puigdemont, al entender que su posición no prosperaría en los tribunales.
El Consejo de Ministros ha decidido este viernes dar instrucciones para recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones de la Consejeria de Exteriores de la Generalidad de Cataluña que ha asumido Raül Romeva y la comisión de estudios del Proceso Constituyente que se creará en el Parlamento catalán.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes esta decisión del Ejecutivo, adoptada tras estudiar los correspondientes informes presentados por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia.
De este modo, el Ejecutivo impugnará el decreto que regula las atribuciones de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad en tanto que también está recurrida la ley de Acción Exterior catalana.
Sáenz de Santamaría ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya recurrió ante el TC meses atrás la Ley de Acción Exterior aprobada por la Generalidad de Cataluña.
La Consejería, dirigida por Raül Romeva, es una de las principales novedades del Ejecutivo del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont.
Sáenz de Santamaría ha explicado que el recurso se pone porque la «Consejería de Relaciones Internacionales supone el desarrollo de una ley anterior que se recurrió pero que aún no ha sido sentenciada».
A su juicio, si la consejería no fuera fruto de esa ley anterior previamente recurrida, sí que se podría estar hablando de «un conflicto de intereses» y se recurriría porque la asunción de competencias de política exterior por parte de la Generalidad vulnera lo establecido en la Constitución española de 1978.
Recurrirá la comisión de estudio del Proceso Constituyente
El Consejo de Ministros también ha decidido recurrir la creación de la comisión de estudio del Proceso Constituyente en el Parlamento catalán, aprobada el miércoles 20 de enero gracias al voto favorable de las formaciones Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot.
Se trata de una comisión para abordar el «carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña», además de la «identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar dicho proceso».
Aunque inicialmente debía tener rango legislativo, JxS y la CUP aceptaron rebajar la comisión a solo de estudio para contar con el apoyo de SíQueEsPot, eliminando además el término «Transición Nacional» del nombre de la misma.
La vicepresidenta del Gobierno ha subrayado que se recurrirá a pesar de ser solo una comisión de estudios porque inicialmente iba ser una comisión legislativa.
«Cuando se advirtió que esa comisión era una infracción a una sentencia del Tribunal Constitucional, se transformó en comisión de estudios», ha explicado la número dos del Gobierno en funciones.
En este sentido, ha señalado que «el Gobierno debe tener la suficiente agilidad para que lo que se quería hacer de una manera, no se convierta en otra».
No se recurrirá la toma de posesión de Puigdemont
También ha sido preguntada acerca de la toma de posesión de Puigdemont, quien tomó posesión de su cargo sin jurar ni prometer lealtad al Rey y la Constitución. Según ha dicho la vicepresidenta, «ha sido muy estudiada por la Abogacía del Estado», pero en este caso no se impugnará.
«Se produce la siguiente situación: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) establece una obligación de juramento y, al parecer, cuando Puigdemont accedió a su puesto en el Parlament así lo hizo. Sin embargo, el Estatuto de autonomía de Cataluña no establece esa necesidad de nuevo juramento en los términos de la Loreg», ha explicado.
Posteriormente, ha definido a la Abogacía del Estado como «muy rigurosa» y ha recordado la «jurisprudencia del Tribunal Constitucional» que haría que el asunto lo estudiase un tribunal ordinario que «podría no estimar la situación».
