El vicepresidente económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que el Ejecutivo foral será «riguroso» y «proactivo» ante el conflicto en ZF TRW Pamplona, cuya dirección ha planteado 250 despidos, con el objetivo de «asegurar la permanencia del proyecto en Navarra y que lo sea en las mejores condiciones posibles desde la perspectiva del empleo».
Ayerdi ha respondido en el pleno de control del Parlamento a sendas preguntas de Podemos-Ahal Dugu, PSN e Izquierda-Ezkerra en relación con la situación creada en la planta de TRW en Pamplona, cuyos trabajadores han asistido este jueves a la sesión plenaria, y ha mostrado la «solidaridad» del Gobierno en este asunto.
Según ha manifestado, el Gobierno foral está «enormemente preocupado» ante una cuestión que ha calificado de «primera urgencia y una prioridad. El Gobierno está haciendo todo lo que está en el marco de sus posibilidades. Seremos rigurosos y proactivos en la defensa de los trabajadores y de la permanencia del proyecto en Pamplona».
Ayerdi ha detallado que se están realizando análisis jurídicos y económicos de los datos de la empresa y ha señalado que «queremos poder hacer consultas a la empresa, para lo que se ha puesto a disposición para cualquier duda. Es un tema importante y serio y el Gobierno quiere tomarlo con todo el rigor que merece», ha reiterado.
Tras señalar que también han mantenido alguna reunión con Volkswagen Navarra, el consejero ha señalado que «estamos tomando todas las medidas para empujar a asegurar la permanencia del proyecto en Navarra y que lo sea en las mejores condiciones posibles desde la perspectiva del empleo».
Ha detallado Ayerdi que «una persona de mi departamento se reunió el 2 de diciembre con el director de la planta, que trasladó que pretendía un gran cambio en la factoría, cambios organizativos en dos áreas. La persona del departamento preguntó si iba a haber ERE y la empresa no concretó».
«Se preguntó también si la empresa tenía pérdidas, a lo que se contestó que sí», ha continuado, para exponer que la dirección preguntó al departamento por «las políticas de apoyo del Gobierno a inversiones. Hubo una respuesta de que había en general líneas de apoyo a inversiones, que equivaldrían al 10 % de las inversiones y un límite de 200.000 euros. Una respuesta genérica a pregunta genérica», ha precisado.
Situación de General Electric
Por otro lado, el vicepresidente de Desarrollo Económico se ha referido al cierre de la planta de General Electric de Buñuel y ha avanzado que este mismo jueves va a reunirse con la empresa, «no sólo con los representantes de la planta navarra, sino también con los representantes estatales».
«Va a ser una reunión intensa en esa fase importantísima de analizar la información y las intenciones verdaderas de las multinacionales en el proceso», ha expuesto Ayerdi, para explicar también que ha hablado ya con el comité de empresa y con el alcalde de Buñuel. «El Gobierno va a ser proactivo», ha garantizado.
Sobre las medidas que el Ejecutivo puede adoptar para evitar las deslocalizaciones, Ayerdi ha explicado que se va a realizar un estudio comparativo de «lo que están haciendo también otras comunidades y otros Estados» para ver que «pasos podemos dar».
«Tenemos que trabajar ahí y buscar un equilibrio difícil, el equilibrio de seguir ofreciendo un mensaje adecuado a las multinacionales y los empresarios e iniciar un cambio en valores para que no se produzcan procesos de deslocalizacion que nadie entiende», ha significado.
Carlos Couso (G.P. Podemos-Ahal Dugu) ha calificado de «brutal» el ERE presentado en ZF TRW y ha señalado que «la dirección lo ha argumentado en cuestiones económicas de dudosa credibilidad».
Ha indicado Couso que el director de la factoría «tenía claras sus intenciones, porque esto no se planifica de un día para otro y ocultó la verdad al Gobierno. Hay que seguir buscando soluciones al conflicto y, en ese sentido, solicitamos un replanteamiento de las políticas de subvenciones a inversión, que habrán de estar ligadas a compromisos sociales y a la obligación de permanencia y no deslocalización».
María Chivite (G.P. PSN) se ha mostrado «preocupada» por la situación de los trabajadores de TRW en Pamplona, de la planta de General Electric de Buñuel y de la empresa Aparan de Santesteban y ha pedido al Gobierno foral que «sea diligente con estas cuestiones» y «defienda los puestos de trabajo con uñas y dientes».
«La responsabilidad del Gobierno no es sólo atender lo urgente, sino también las cuestiones a largo plazo, que son lo importante. Hay que diseñar una estrategia de futuro para que Navarra sea moderna, vanguardista y se genere empleo de calidad, y ahí no vemos a este Gobierno», ha lamentado Chivite, para pedir al Ejecutivo que «reflexione sobre el camino emprendido».
José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra) se ha mostrado «muy preocupado» por los 250 despidos anunciados por la dirección de TRW en su planta de Landaben y ha apostado por realizar una reflexión «seria» para «impedir decisiones impunes de deslocalización empresarial».
Ha defendido que se debe derogar la reforma laboral, que ha situado a los trabajadores en una situación de «indefensión tremenda» y ha apostado por «endurecer la normativa para que a ninguna empresa que ha tomado una decisión salvaje se le ocurra pedir ayudas al Gobierno
