Que la justicia es lenta en este país, es un axioma real como la vida misma. Los miles de afectados de AFINSA deben pensar lo mismo.
Aquella sociedad financiera que basaba sus inversiones en la compra y venta de sellos de correos, considerados artículo de lujo y de coleccionismo, y que estafó a sus inversores millones de euros, fue intervenida por el Estado en el 2006. Hoy, diez años más tarde, los miles de inversores, siguen sin recuperar su dinero y ven como los responsables de aquel episodio siguen ahí.
Cuando se ponen en juego los ahorros de cientos, de miles de ciudadanos, debería plantearse la existencia de una justicia social inmediata y gratuita, que no hiciera real el dicho popular, «dentro de unos años, todos calvos», dando a entender que el tiempo beneficia al delincuente, al cansar al perjudicado tanto moral como económicamente.
Tanto que hoy se habla de justicia social, una buena manera seria esta. Justicia rápida, eficaz y eficiente.