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La Justicia requiere el ingreso en prisión de la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez

La Justicia requiere el ingreso en prisión de la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez

La Audiencia Provincial de Cádiz ha notificado a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), que debe ingresar en prisión para cumplir la condena de 4 años y 6 meses de prisión que le fue impuesta por irregularidades en la concesión de una subvención a una empresa.

Esta orden se esperaba desde que el pasado 21 de diciembre el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que había sido recurrida por Pilar Sánchez.

El Tribunal Supremo había confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a  cuatro años y seis meses de prisión y a ocho de inhabilitación a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez Muñoz por los delitos de falsedad en documento oficial cometido por particular con la agravante de prevalerse de su carácter público, de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la concesión de una subvención del 40 por ciento a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la adquisición de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.

La Audiencia Provincial de Cádiz también condenó a dos años, seis meses y quince días de prisión a la concejal María del Carmen Martínez Martínez por los mismos delitos y a un año y nueve meses de prisión a un capataz municipal por falsedad en documento oficial.
La Sala Segunda  previamente había rechazado los recursos de casación interpuestos por las dos condenadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que también estableció el pago por parte de las recurrentes, de forma solidaria, de 122.360 euros al ayuntamiento de Jerez.

La sentencia indica que la actuación de la alcaldesa no se limitó a dictar una resolución manifiestamente arbitraria –prevaricación- permitiendo con ello que un tercero sustrajese caudales públicos que tenía a su cargo por razón de sus funciones –malversación- sino que utilizó como instrumento la falsificación de un documento oficial, atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor probatorio de los documentos suscritos por los funcionarios públicos y cuestionando la esencia misma del  buen funcionamiento de la administración, pues si se manipulan desde el ámbito político los elementos esenciales de los documentos oficiales que sirven de sustrato a los expedientes administrativos, se burla la última garantía de los ciudadanos en el funcionamiento fiable de los servicios públicos.

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