El escepticismo y las dudas protagonizan la entrada en vigor mañana del mandato contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos judiciales entre los profesionales se comuniquen de forma telemática, lo que supondrá el fin del papel en los juzgados y tribunales.
La digitalización de la Justicia es uno de las grandes apuestas que figuraban en la agenda del ministro Rafael Catalá, quien fijó el 1 de enero de 2016 como el horizonte para impulsar la gestión telemática entre los profesionales de la Justicia.
El texto establece la obligatoriedad a partir de mañana de que las comunicaciones y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica en todos los órganos jurisdiccionales.
Así, los jueces utilizarán los datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización del demandado y se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
Y los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
No obstante, los desequilibrios entre las comunidades autónomas marcan la entrada en vigor del plan digital puesto que no todas las regiones aseguran estar en condiciones para dar cumplimiento a la Ley a partir de mañana.
Catalá defiende que la mayor parte de las autonomías sí están preparadas para alcanzar el «papel cero» en las administraciones judiciales y sólo la Comunidad Valenciana incumplirá ese objetivo por completo, en tanto que Cataluña, Cantabria y País Vasco solo lo harán parcialmente.
Durante el proceso de implantación, autonomías como Andalucía, Canarias o Aragón, además de la Comunidad Valenciana, han advertido de sus dificultades para alcanzar ese fin ya que no todas han hecho la misma inversión en nuevas tecnologías, es decir, carecen de medios o de formación necesaria.
Hay más escépticos. El Consejo General de la Abogacía, el Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), el Consejo General de Procuradores de España y Jueces para la Democracia (JpD) apuestan por la digitalización pero advierten de que no es un objetivo realizable para la fecha señalada.
Justicia rechaza las críticas, pero reconoce que la implantación será progresiva y no de golpe, por lo que confía en que los juzgados de su ámbito territorial funcionen al cien por cien sin papel en julio de 2016. El ministro ha dejado claro que el cambio «será una obligación, no una opción».
Fuentes del Ministerio indican que mañana se habrán culminado los niveles «básico» y «medio» en la aplicación de las comunicaciones electrónicas en los juzgados y tribunales que no tienen transferidas las competencias de justicia: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla.
El nivel básico supone que todas las comunicaciones entre los juzgados, por una parte, y los abogados, procuradores y graduados sociales, por otra, se harán mediante el sistema electrónico Lexnet, con lo que todos los escritos que presenten los letrados y las resoluciones de los jueces se comunicarán por internet.
Mientras que el medio, que también funcionará desde mañana, supone que los juzgados y tribunales se comunicarán asimismo entre ellos de forma electrónica, un sistema que funcionará para los documentos que presenten los ciudadanos en las oficinas de registro (como sería el caso de denuncias o querellas) y que luego se reparten al órgano judicial que le toque.
Es el último nivel, que Justicia califica de «óptimo», el que tardará más en implantarse, concretamente hasta julio de 2016, y supondrá que los jueces también podrán mandar directamente sus escritos por internet usando su firma electrónica.
Aparte de los órganos judiciales de las comunidades autónomas no transferidas, el sistema electrónico afecta a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, aunque no al Tribunal Constitucional. Rafael Martínez
