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Cifuentes creará un documento específico para la atención sanitaria de inmigrantes sin papeles en Madrid

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que en los próximos meses se creará un documento específico para que los inmigrantes sin papeles puedan recibir atención primaria y especializada, además de la atención en servicios de Urgencias que reciben actualmente.

No obstante, se ha opuesto a devolver la tarjeta sanitaria porque tiene “connotaciones y problemas que incluso trascienden lo que es España”.

En su visita a una carpa del 112 en Torrejón de Ardoz, Cifuentes ha hecho hincapié en que el Ejecutivo tiene “la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga”. “No hablamos de inmigrantes, hablamos de personas, que tienen que ser tratadas como tales y tienen que recibir una atención sanitaria”, ha subrayado.

Atención uniforme en toda España

Sin embargo, la presidenta regional ha solicitado que la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles sea uniforme en todas las comunidades autónomas, por lo que ha pedido que se alcance una decisión al respecto en el Consejo Interterritorial.

Mientras tanto, Cifuentes ha anunciado la creación en los próximos meses de un documento diferente a la tarjeta sanitaria, que “no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país”, si bien ha resaltado que actualmente “no se deja de atender a nadie” pese a carecer de papeles.

Así, la presidenta regional ha explicado que la tarjeta sanitaria supone que el portador pueda demandar atención sanitaria fuera de España, lo que obliga al país a “contraer determinadas obligaciones económicas con el país donde recibe la prestación”.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.

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