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El juez mantiene la prisión para el presunto testaferro de Rato por blanqueo de capitales en el extranjero

El juez mantiene la prisión para el presunto testaferro de Rato por blanqueo de capitales en el extranjero

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordado este jueves mantener la visión provisional comunicada y sin fianza dictada el domingo pasado por el juez de guardia contra Alberto Portuondo, responsable de la empresa Albisa y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato.

Le imputa los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares, según han informado fuentes jurídicas.

El mantenimiento de la medida de prisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se justifica según las mismas fuentes en el riesgo de fuga del empresario y en el peligro de que pueda manipular pruebas. La causa se dirigía hasta el momento contra Rato y su socio Domingo Plazas y el jueves se formalizó la imputación de Portuondo.

Según la investigación, iniciada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Albisa habría actuado como una empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas . Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad de Rato, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

El empresario fue trasladado desde prisión a los juzgados de Plaza de Castilla poco después de las nueve de la mañana aunque no entró a declarar ante Serrano-Artal hasta poco antes de las doce del mediodía. Ha declarado durante algo más de dos horas ante el magistrado y la fiscal del caso, Elena Lorente, y según las mismas fuentes, ha respondido a todas las preguntas y ha colaborado con la investigación.

Tras este trámite Portuondo y su abogado, Javier Espiga, han estado revisando la declaración durante una hora más, y a las puertas de los Juzgados el letrado se ha limitado a señalar que todo lo publicado estos días sobre su cliente “no es verdad” y no existen pruebas que lo sostengan. La investigación sigue bajo el secreto de sumario.

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