Sonroja, muchas veces, comprobar cómo los politicos en este paÍs, proponen iniciativas que únicamente atienden sus intereses.
Que el nacionalismo catalán proponga eliminar la partida presupuestaria destinada a ayudar a las familias que por querer que sus hijos estudien en español en Cataluña, tienen que acudir a un centro privado, puesto que, en la enseñanza pública, no pueden hacerlo, raya el esperpento.
Pero aún sonroja más que el propio gobierno de España, permita estás actuaciones. La Constitución Española establece que todos los españoles y, entre ellos, están los que viven en Cataluña, deben tener el derecho de recibir una educación en el idioma que une a todos.
Lo que ocurre en Cataluña, en la Comunidad autónoma vasca, en Galicia, Comunidad valenciana y Baleares en las que se prima el idioma o dialecto propio, en perjuicio del idioma común, no es solo culpa de partidos nacionalistas y sus gobiernos, sino también de unos gobiernos centrales que han permitido y permiten estos actos.
Cuando en un país, se permiten, diferentes modelos educativos, llamemosles locales o autoctonos, en perjuicio de lo común a todos sus habitantes, ocurren estos esperpentos. Mucho me temo que todo seguirá igual.
