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Las leyes para desvelar morosos y defraudadores pasan el martes su primer examen en el Congreso

Las leyes para desvelar morosos y defraudadores pasan el martes su primer examen en el Congreso

Ministro Cristóbal Montoro

Los proyectos de ley con los que el Gobierno pretende hacer posible la publicación de la lista de defraudadores condenados en firme y de morosos con la Hacienda pública pasarán el próximo martes su primer examen parlamentario en el Pleno del Congreso, donde el PSOE defenderá enmiendas de totalidad porque lo ve insuficiente, aunque  reconoce que hace falta modificar la Ley General Tributaria para «adecuarla a las transformaciones del ordenamiento jurídico español y la práctica tributaria».

En particular, critica que «el Gobierno renuncie de forma definitiva a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la amnistía fiscal», una medida «injusta» y «secretista» que causó «rechazo generalizado desde el principio» y que, tras conocerse que ha sido utilizada por «personas imputadas en procesos judiciales para regularizar fondos hasta entonces ocultos» y que podrían tener su origen en «actuaciones delictivas», debe acompañarse de la «imprescindible» publicación del listado de beneficiarios.

Algo que el Ejecutivo no incluye ni en la reforma de la Ley General Tributaria ni en el proyecto de ley para publicar determinadas sentencias de fraude fiscal, alegando que iría contra la seguridad jurídica aplicar una medida de esa naturaleza con carácter retroactivo.

Por otra parte, el PSOE se opone también a ambos proyectos de ley por permitir que «los contribuyentes que posean recursos suficientes puedan evitar que su identidad se haga pública» pagando la sanción y la deuda, lo que «desnaturaliza este instrumento» y supone una «concepción elitista» del sistema tributario, «incompatible con los principios de justicia y equidad».

Por otra parte, el PSOE lamenta que la propuesta de reforma normativa el Ejecutivo no sea «mas ambiciosa» ni «afronte las reales necesidades y los nuevos problemas del sistema», al no atender necesidades «urgentes e imperiosas» como la de incrementar los efectivos de la Agencia Tributaria (AEAT) para la lucha contra el fraude o «restablecer» su independencia y objetividad «acabando con las constantes injerencias» políticas.

Tampoco se incluye «ninguna medida concreta» contra la evasión y la elusión fiscal de las multinacionales, ni se adoptan modificaciones legales para contemplar como infracción específica en el Código Penal el comportamiento de las entidades financieras y consultoras que ayudan a evadir impuestos, y se renuncia, por tanto, a liderar la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional.

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