El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha mostrado su satisfacción por que la Audiencia Nacional haya «ratificado» la legalidad de la política penitenciaria del Gobierno y ha destacado que si la banda terrorista ETA se disolviera, el Estado «no tendría que aplicar con carácter general la política de dispersión».
Después de que la Audiencia Nacional haya denegado el acercamiento de 30 presos de ETA, el ministro ha destacado que ha quedado ratificado que «la política de dispersión penitenciaria no sólo es legal sino que en absoluto viola los derechos humanos de los presos ni de sus familiares».
Además, ha destacado que se trata de una medida que aplica el Gobierno «en el contexto de una política antiterrorista» y ha afirmado que «la política de dispersión tiene su mayor aliado en ETA».