Está destinada a parados de larga duración con responsabilidades familiares, sin prestaciones
Para 2016, se prevé que la dotación sea de 180 millones de euros. Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias, las comunidades que podrían tener más beneficiarios según Empleo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un crédito extraordinario de 850 millones de euros para financiar este año el programa de activación para el empleo, en el que se incluye la ayuda de 426 euros al mes a parados de larga duración con cargas familiares y que han agotado todas las prestaciones.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado que el crédito extraordinario aprobado servirá para financiar el programa durante este ejercicio. Para 2016, se prevé que la dotación sea de 180 millones de euros, de forma que la partida global para este programa supera los 1.000 millones de euros.
La vicepresidenta ha explicado que la financiación de estas ayudas se hace a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comunidades autónomas que tienen que hacer frente a las acciones de inserción, incluidas en el programa.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha subrayado en una nota de prensa que Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias serán las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios. También ha recordado que el programa es fruto del acuerdo alcanzado entre Gobierno y los interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT) y de la colaboración con las comunidades autónomas, competentes en materia de políticas activas.
La nueva ayuda, se puede solicitar desde el pasado 15 de enero y hasta el 15 de abril de 2016, y tiene un universo de posibles beneficiarios superior a los 400.000 parados, 350.000 de ellos el primer año.
Según anunció el pasado martes la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, un total de 8.539 personas están cobrando ya esa prestación, para la que se han presentado 59.011 solicitudes.
A este respecto, explicó que unas 30.000 de estas solicitudes han recibido ya el visto bueno del Ministerio y han sido remitidas a las comunidades autónomas, que las están tramitando.