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La Fiscalía pide hasta 8 años de prisión para la excúpula del PP en Valencia

La Fiscalía pide hasta 8 años de prisión para la excúpula del PP en Valencia
Ricardo Costa, Vicente Rambla, Álvaro Péres y Francisco Camps. DR
Ricardo Costa, Vicente Rambla, Álvaro Péres y Francisco Camps.

Se les acusa de haber financiado ilegalmente el partido en las elecciones de 2007 y 2008

Para los empresarios que hicieron los pagos en B se solicitan hasta seis años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la excúpula del PP valenciano de la época de Francisco Camps de haber financiado presuntamente de forma ilegal las campañas electorales autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 a través de la trama Gürtel y pide siete años y nueve meses de prisión para cuatro de sus exdirigentes por tres delitos electorales y uno falsedad documental. El Ministerio Público solicita estas penas para al ex secretario general Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, la exgerente del PPCV Cristina Ibáñez y el exdiputado autonómico David Serra. Anticorrupción ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana su escrito de acusación en relación con las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular en esta autonomía, informa Efe. En total hay 20 personas procesadas, entre ellas varios empresarios.

En el escrito presentado por la Fiscalía se detalla cómo Costa, Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez, además de Yolanda García, contaron la ayuda de la trama de Francisco Correa y un grupo de empresarios valencianos, todos “beneficarios de contratos con la Administración Pública” para financiar las campañas del partido en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

“Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”, recoge el escrito, que cifra esos pagos irregulares en 1.155.231 euros en las elecciones autonómicas y 78.878 en las municipales.

Anticorrupción pide 15 meses de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo y una multa de 1.800 euros para Ricardo Costa, Cristina Ibáñez, David Serra y Vicente Rambla por el delito electoral relativo a las autonómicas de 2007 y las mismas penas para los cometidos en las municipales de ese año y las generales de 2008. A Yolanda García sólo se la acusa como “cómplice” del delito en 2008, por lo que solicita una pena de seis meses de prisión, inhabilitación del sufragio pasivo y 650 euros de multa.

Más de dos millones de euros sin facturar

El Ministerio Público señala que “la única cuantía declarada” por la empresa Orange Market y por el Partido Popular en Valencia en relación a las campañas electorales de estos dos años fueron 175.000 euros de actos para las autonómicas de 2007. “Sin embargo, fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market SL.”, añade el fiscal.

La Fiscalía estima que los servicios prestados por la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, al Partido Popular en Valencia para las campañas electorales “que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria” ascienden a más de dos millones de euros: 1.155.231,43 euros en las autonómicas de 2007; 78.878,33 euros en las municipales de ese mismo año; y 801.810 en las generales de 2008.

El fiscal relata en su escrito que “parte del gasto comprometido” por los exdirigentes del PP valenciano con la empresa Orange Market “fue financiado por empresas que eran beneficiarias de contratos con la Administración autonómica. Estas asumieron el pago de estas cantidades haciéndolas parecer como el pago de servicios prestados a ellas mismas. Para ello Orange Market “les facilitó facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no había sido prestados”.

Anticorrupción detalla que el encargo de actos, mítines y publicidad en medios de comunicación se realizó indistintamente para actos autonómicos y locales. “El efecto perseguido era doble, conseguir el voto autonómico y el voto local. Por eso, mediante las directrices impartidas por los acusados vinculados al PPCV, se organizaron actos a los que acudía tanto el candidato autonómico como el candidato municipal”.

Por el delito continuado de falsedad documental de los años 2007 y 2008, pide para estos mismos acusados y los responsables de Orange Market (Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa) cuatro años de prisión.

Empresarios

En cuanto a los empresarios que colaboraron en la financiación irregular, el Ministerio Público pide 12 meses de prisión por delito electoral en las autonómicas de 2007 para los responsables de Piaf S.L. (Antonio y Alejandro Pons), FACSA (Enrique Gimeno), Lubasa (Gabriel Batalla) y Vallalba, Pavimentos Suroeste y CHN Obras (Rafael y Tomás Martínez), y una pena igual por las municipales de 2007 y las generales de 2008.

En las elecciones generales de 2008 se unieron a ellos José Francisco Beviá, Enrique Ortiz y Vicente Cotino (Sedesa), para quienes se pide otro año de prisión. Todos ellos están acusados también de falsedad documental por el que se enfrentan a penas de tres años de prisión.

En cuanto a los miembros de la trama Gürtel, a quienes además de estos delitos se suma uno contra la Hacienda Pública, se piden penas que alcanzan los 27 años de cárcel.

 

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