La Policía señala la falta de control de la Junta de Andalucía en un proceso que ha llevado este martes a 90 detenidos y aun fraude de 2.000 millones en los fondos para parados
Las 90 detenciones de este martes efectuadas en distintos puntos de Andalucía se enmarcan dentro de la «operación Edu». La investigación de esta trama de desvío de fondos de formación empezó a dar sus frutos hace unos meses, cuando cayeron los primeros detenidos. Entre ellos, el más sonado fue el exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda.
La Policía investiga si los fondos para desempleados de desvió a otros destinos
La gestión de los fondos para desempleados es el eje de las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El sumario del caso está plagado de expresiones como «falta de control», «laxitud en el seguimiento» o «adjudicaciones a dedo» de fondos que debían ser para formar a personas sin trabajo para reinsertarlas en mercado laboral y que, presuntamente, acabaron en bolsillos de empresarios y políticos.
Uno de los últimos informes de la Policía destacaba la «posible connivencia de funcionarios de la Junta con los beneficiarios» y, por otro lado, la UDEF (la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal), ha señalado que, al interrogar a la Junta sobre cómo se asignaban la ayudas, la respuesta siempre eran «inciertas y faltas de concreción, no dando respuesta a lo solicitado».
Cuánto dinero
Aunque la operación sigue en marcha -las pesquisas no acaban con las detenciones de este martes-, hay fuentes que sitúan en 2.000 millones de euros lo que se podría haber desviado de los fondos públicos para formación de parados en Andalucía. Según informa José Landi en La Voz de Cádiz, el caso se remonta a 2009. Es entonces cuando se aprueba la norma que regula la aplicación de estas ayudas (el programa 32D).
El 23 de octubre de este año, con la aprobación de la norma, se inicia el supuesto «saqueo» de los fondos de formación de parados. Entonces, supuestos conseguidores, intermediarios y empresarios crean empresas -o adaptan sociedades ya montadas- para captar el dinero de las partidas de formación para dar cursos a parados. Cursos que sí se llevaban a cabo en algunos casos, pero que, según los investigadores, no cumplían con la contratación del 60% de los alumnos en 9 de cada 10 cursos señalados. También se daba casos en los que los cursos no se celebraban o se quedaban en una simple charla.
