Día sí y día también, mes sí y mes también con las «tarjetas black» de Bankia. Esas con las que los políticos y varones de los sindicatos compraban desde un chupa-chups hasta un viaje pasando por gastos varios o sacaban miles y miles de euros.
Pues bien ahora, en febrero de 2015 (recordemos una vez más año super electoral en España y con encuestas contrarias al bipartidismo y partido de gobierno), dice el Juez Andreu que da «tres días para que se entreguen los contratos de las tarjetas black», antes mencionadas y por todos los ciudadanos conocidas pero noutilizadas por ellos.
«A buenas horas, mangas verdes» ¿tendrán miedo los responsables y beneficiados de estas tarjetas a este ultimatum? La respuesta es fácil. Y la desconfianza también. Si es ahora cuando pide, eso sí los contratos, con tal firmeza y da sólo 3 diías ¿porqué no lo hizo en cuanto se desató el tema?.
Sea como fuere, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hoy extremadamente político (con representación proporcional a los escaños de cada partido -incluidos los nacionalistas-), con una Audiencia Nacional y con un Tribunal Supremo, también político y «juzgador» de los «aforados» y en año electoral, dificilmente puede esperarse otra cosa.
No es extraño que los máximos responsables se rían a mandíbula batiente.
Directora NI