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Montoro sacará la «lista» de morosos y no la de defraudadores

Montoro sacará la «lista» de morosos y no la de defraudadores

cistobal montoro

El Ejecutivo, en la reforma fiscal, hará pública la lista de personas y empresas que tienen deudas con Hacienda

Dice el ministro de economía, Cristóbal Montoro, que “pretende ser un elemento adicional a la reforma fiscal, sin menoscabar los derechos de los contribuyentes, ya que se garantiza el secreto fijado por la Ley Tributaria”.

Así Hacienda dice recuperar el proyecto que tenía aparcado desde 2012. No obastante, el ejecutivo mantiene que «pondrá más acento sobre los morosos y no tanto sobre los defraudadores, puesto que la identidad de estos acaba haciéndose pública una vez que se dictan las sentencias judiciales».

Montoro avanzó que la publicación del listado de morosos «no será inmediata», puesto que para ello es preciso «modificar la normativa tributaria». La publicación pública, dice Montoro  , servirá como «castigo social». “Se conocería quién está pendiente de pago y se ayudaría a reducir la lista de morosos, que se tendrían que poner al día. Con esta medida se fortalecería la relación con el contribuyente y la financiación de los servicios públicos”.

Esta será una de las soluciones de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, cuyo detalle se dará a conocer el próximo lunes. Estas medidas serían incorporadas al Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014.

Así, también, el ministro de economía, quiere poner en marcha de una estrategia coordinada de «lucha contra la economía sumergida». Se reforzarán las actuaciones de «control a través de la detección precoz de actividades ocultas». Se realizarán «inspecciones rutinarias» con el fin acorralar las «prácticas fraudulentas, como manipulación de los libros de contabilidad o de los libros registro, así como la llevanza de una doble contabilidad o la ocultación parcial de la actividad». Los inspectores controlarán las facturas de particulares y empresas. La limitación de pagos en efectivo está fijada por ley en 2.500 euros.

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