El exalcalde de Egüés Josetxo Andía (UPN) compró en marzo de 2011 Participaciones Preferentes por valor de 100.000 euros, una operación de alto riesgo que suscribió sin consultar a técnicos ni a concejales, y que originó al Ayuntamiento unas pérdidas de 61.381 euros. Tras la denuncia presentada por el actual alcalde Alfonso Etxeberría (NaBai, anterior oposición) se enfrenta, en el nuevo juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial, a tres años y tres meses de cárcel (inicialmente cuatro años) por un delito de malversación, junto a seis años y seis meses de inhabilitación, además de una compensación de 61.318 euros para Andacelay, tal y como solicitan la Fiscalía y Acusación.
La acusación ejercida por NaBai pide además diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y elimina a su vez las peticiones de delito societario y fraude. La defensa en cambio, representada por el abogado Javier Asiáin, reclama la libre absolución del acusado.
La malversación persigue acciones que signifiquen dilapidar recursos públicos o invertir en fines ajenos a la función pública, y la prevaricación pretende castigar al funcionario que se aparta arbitrariamente de los procedimientos, en este caso, al gestionar una sociedad pública no sometida al control e intervención municipal, indicó el abogado Iñigo Zabalza.
Éstos son los hechos que va a juzgar la presidenta de la Audiencia Esther Erice: Andía compró las acciones en la misma entidad (Caixa Catalunya) en la que se encontraba de excedencia laboral (2007-2013) y donde fue asesor de banca privada. No dio cuenta de la operación a ningún órgano de gobierno de la sociedad pública que en aquel momento manejó depósitos bancarios de hasta seis millones de euros. Coincide además que el contrato fue suscrito entre el alcalde (2003-2013) y el director de la sucursal, a la sazón edil (UPN) en Egüés, Ángel Jiménez, hoy portavoz regionalista.
Andía, también imputado por el caso Egüés II, negó ante Fiscalía que se dedicara a la “especulación financiera” ya que la mayoría de operaciones eran imposiciones a plazo fijo o cuentas corrientes “primadas”. Tenía todos “los poderes y legalidad para hacerlo”. “Yo llamaba a todos los directores de oficina cuando vencían plazos para ver lo que ofrecían”, expuso. En el caso del depósito combinado Jiménez se trasladó a Egüés y ofreció 300.000 a plazo fijo y 100.000 en preferentes con un interés del 3,25%, “rentabilidad que superaba el plazo fijo”. Si bien en la orden de compra se habla de una rentabilidad a partir de tres años, Andía aseguró que el producto “tenía absoluta liquidez y seguridad al ser un depósito avalado por la solvencia de la entidad emisora”, abundó. Además, el Fondo de Garantía de Depósitos (FROB) inyectó ayudas que elevaron la “solvencia” de la caja.
Preguntado si debía dar cuenta de las operaciones financieras al interventor municipal, según los estatutos de la sociedad, respondió que las cuentas de Andacelay se auditaban una vez al año y por “tres frentes” (ayuntamiento, auditoría externa y Comptos) y “nadie me advirtió de ninguna salvedad”. Ni consultó sobre su compra ni en la reunión que celebró el Consejo de Andacelay trece días después. “Se informaba a posteriori de la rentabilidad de los depósitos”, dijo. Sin embargo, no quiso con esta gestión, agregó, “favorecer” a alguien ni haber recibido compensación económica por la compra: “Teniendo 1,4 millones de ingresos financieros no me iba a meter en semejante berenjenal por 400.000 euros”. “En ningún momento he querido perjudicar a Andacelay, si hubiera tenido la más mínima sospecha no hubiera pasado por este calvario estos años”, subrayó tras recordar que adelantó el dinero (61.381,71 euros) gracias a una donación de sus padres.
Fuente: http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/19/vecinos/cuenca-de-pamplona/fiscalia-y-acusacion-piden-mas-de-tres-anos-de-carcel-para-andia
