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El fiscal pide 5 meses de cárcel y la acusación particular, 4 años, para los que desplegaron la ikurriña en el Chupinazo

El fiscal pide 5 meses de cárcel y la acusación particular, 4 años, para los que desplegaron la ikurriña en el Chupinazo
Los acusados, acompañados por su abogada, Arantza Izurdiaga. (EFE)
Los acusados, acompañados por su abogada, Arantza Izurdiaga. (EFE)

La fiscal pide cinco meses de prisión por alteración del orden público para los 5 procesados por el despliegue de la ikurriña que retrasó el lanzamiento del chupinazo en 2013, mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona, eleva a 4 años su petición para 4 de los acusados.

La petición de la acusación particular, que ha pedido la retirada de la acusación a Iosu G., responde a la aplicación del tipo “agravado” que recoge el Código Penal, al considerar que esa acción podía haber tenido “nefastas consecuencias”, entre las que ha citado el riesgo de avalanchas. Por su parte, la defensa ha sostenido que los hechos “no son constitutivos de sanción penal alguna”, por lo que ha pedido la libre absolución para los acusados, 4 de los cuales han reconocido su participación en los hechos, mientras que el quinto, Iosu G., ha sostenido que no colaboró en la acción, tan solo la grabó.

En su última palabra Mikel V. ha insistido en que no tuvieron ninguna intención de boicotear y que su objeto era denunciar una ley “injusta”, la ley de Símbolos, e Ignacio B. ha denunciado la desproporción de la actuación policial y los gastos que ha conllevado este proceso que no es “para nada grave”. Iosu G. ha defendido el derecho la información, mientras que Iker G. e Iñigo R. han incidido en que se adoptaron medidas de seguridad.

Iñigo R., Iker G., Mikel V. e Ignacio B, reconocieron ayer su autoría en estos hechos e insistieron en que su acción no supuso ningún riesgo para los asistentes y sostuvieron que la bandera no suponía un impedimento técnico para lanzar el cohete, por lo que, en su opinión, esa decisión se tomó por cuestiones políticas.

En la sesión, en la que el juicio ha quedado visto para sentencia, han declarado por videoconferencia dos expertos en explosivos de la Policía Nacional que realizaron un informe que concluye que la presencia de la bandera “aumenta el riesgo de la accidentabilidad”, aunque, según ha precisado uno de ellos la “certeza absoluta no existe”.  Han afirmado que ellos no hubieran tirado el cohete en esas circunstancias y a preguntas de la defensa han dicho desconocer porqué el tercero de los cohetes, que se lanzó cuando ya estaba retirada la ikurriña, cambió la trayectoria y explotó en la plaza.

La fiscal ha argumentado su acusación de desórdenes públicos afirmando que sabían que iban a alterar el orden y conocían que no se pueden introducir en el recinto de la plaza ninguna tela de grandes dimensiones y la pusieron en la denominada “zona cero”. Ha sostenido que, aunque el alcalde decidió que se retrasara el chupinazo, “la causa y la culpa del retraso” fue de ellos, ellos provocaron el retraso de un acto “oficial” del Ayuntamiento. Además ha aludido la “agravante” del disfraz, que ha supuesto una ocultación de identidad que ha hecho que el procedimiento se haya alargado y ha indicado que mantiene la acusación para Iosu G. porque sus explicaciones no se corresponden con las pruebas.

La fiscal no comparte la tipificación de riesgo que tiene en cuenta la acusación particular, que ha concluido que “se buscó causar el mayor perjuicio, hacer que el lanzamiento fuera inviable”. Tras explicar que se ha pedido la retirada de la acusación de Iosu G., al considerar acreditado que no conocía la acción y se limitó a filmar, el abogado del Ayuntamiento ha sostenido que los acusados “sabían que su conducta era delictiva, huyeron a la carrera y tomaron precauciones en sus comunicaciones”. Ha considerado “fundamentales” el lugar y la hora elegidos para el despliegue de la ikurriña, a 5,20 metros de la fachada y cuatro minutos antes de la hora prevista para el lanzamiento.

La defensa, que ha calificado la acción como una “protesta pacífica contra la ley de Símbolos”, ha argumentado que no se cumplen los requisitos para aplicar el tipo agravado, puesto que no se obstaculizaron los accesos a la vía pública, no hubo invasión del espacio y no afectó al plan de evacuación.

Ha negado que hubiera “ánimo de alterar la paz pública, un derecho fundamental” ya que “por mucho que el chupinazo sea un acto muy querido no puede ser considerado como un derecho fundamental, lo único que se produjo fue un retraso” y no por éste sino por “otros” motivos, en alusión a razones de índole política. Asimismo ha insistido en que “no se produjeron tensiones entre las personas que asistieron” y ha discrepado con la consideración de que éste es un acto propio de la Corporación municipal.

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